La causa llegó a la Justicia salteña después de que una mujer de 67 años, se trasladó a la ciudad de Buenos Aires en 2009 y por un largo período de tiempo, por problemas de salud que la llevaron a ser trasplantada del hígado. Después de la operación volvió a su casa y allí advirtió que su hija, yerno y la hija de ambos (de 21 años), se encontraban instalados en su domicilio junto a su esposo.

A esto se sumó que instalaron una peluquería en el living de la casa y, según consignó la sentencia en "ese espacio es también utilizado para reuniones en las que se consumen bebidas alcohólicas y que perturban el descanso, la salud y la vida diaria de la víctima". “La convivencia no da para más”, expresó la mujer al iniciar la denuncia y agregó que "ejercen en su contra violencia psicológica mediante palabras agraviantes que la humillan e insultan". 

María Cáceres, titular del juzgado de Violencia Familiar y de Género de tercera nominación de Salta fue la que decidió intimar a todo el grupo familiar denunciado a que se retiren de la casa de la mujer en el plazo de un mes y medio. Una vez cumplido, deberán informar al juzgado el nuevo domicilio, y en caso de incumplirlo podría ordenarse su desalojo por la fuerza pública y abrir una causa penal por desobediencia judicial. El mismo plazo fue ordenado para que se desmonte la peluquería. 

"Advierto que el nudo del conflicto familiar planteado responde además a una cuestión habitacional, ya que conviven en un mismo inmueble distintos grupos familiares, lo que causa roces en la relación vincular diaria que las partes no encuentran otra forma para resolver que mediante la violencia; sumado a ello, existen antecedentes de violencia que ha padecido toda la familia, directa o indirectamente, y que ha dejado huellas en cada uno de los integrantes de la familia primaria, trasladándolas, hasta el día de hoy en el modo de relacionarse entre ellos y con los nuevos integrantes del mismo", explica la magistrada.

Todas las medidas dispuestas por la jueza fueron dictadas después de la audiencia que mantuvieron las partes con la magistrada, durante la cual se escuchó las problemáticas expuestas por el grupo familiar. Por tratarse de un conflicto intrafamiliar, también se le ordenó a la mujer de 67 años que abstenga de ejercer actos de violencia de todo tipo, por cualquier medio y bajo la modalidad que fuera en contra de los dos denunciados y su grupo familiar. Se intimó a todo el grupo familiar a que se abstenga de ejercer cualquier tipo de violencia recíproca.

También, tanto la mujer denunciante, como su hija y yerno deberán además iniciar tratamiento psicológico. Mientras que el marido de la víctima deberá someterse a un tratamiento adecuado para su rehabilitación en el Centro de Consulta y Orientación de la Secretaría de las Adicciones.

La jueza expuso que a fin de dar cumplimiento al deber que tiene el Estado Argentino en materia de género, que "implica la adopción de medidas de protección de manera integral que abarquen todas las problemáticas planteadas y padecidas por la mujer que denuncia ser víctima de hechos de violencia, ya que sólo de esta forma es posible garantizar el efectivo goce del derecho de la misma a vivir una vida libre de toda violencia".