La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de un empresario de esa provincia, que fue juzgado por el delito de trata de al menos 24 personas que eran explotadas laboralmente, y confirmó el procesamiento con prisión preventiva y el embargo de 1,5 millón de pesos.
En esa sintonía, coincidió con el dictamen del fiscal general Antonio Gustavo Gómez, y la causa continuará con lo dispuesto por el Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero. Según informó la justicia, el ingeniero agrónomo fue juzgado por captación, traslado y acogimiento de esas víctimas.
Su causa se vio agravado por tratarse de varios menores de edad, además de haber abusado de su situación de vulnerabilidad y por haber explotado laboralmente a dos docenas de personas para su beneficio.
El lugar donde comenzó la investigación, que dio con las personas que vivían en situación de casi “esclavos”, fue en la localidad de Colonia Dora, a 50 kilómetros de la ciudad de Añatuya. La oficina del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata recibió una denuncia, a la línea 145, por parte de una empleada municipal.
Fueron 32 personas las que se encontraron tras la inspección de la delegación Santiago del Estero del Ministerio de Trabajo y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Las autoridades informaron que había un menor y que vivían en precarias condiciones, sin agua potable, luz, en carpas improvisadas con palos y bolsas de nylon. Trabajaban extensas jornadas y se les descontaba el costo de la comida.
El 27 de noviembre de 2020, Gendarmería Nacional informó a la Fiscalía Federal N°2 de Santiago del Estero lo ocurrido. El 29 de noviembre fue allanado el campo investigado y se rescataron a 24 varones, cuatro, tristemente, eran menores de edad.
Sebastián Argibay, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, comenzó el proceso del ingeniero agrónomo, con prisión preventiva, y a un segundo hombre, que actuaba como responsable y contratista. Ambos, serían coautores del delito de trata de personas bajo la modalidad de captación, traslado y acogimiento.
“No cometió acción ilícita alguna, en razón que jamás contrató, ni tuvo contacto con los trabajadores rurales”, argumentó la defensa del ingeniero, pero al no ser considerada dicha afirmación se les dictó un embargo por la suma de 1,5 millón de pesos a cada uno.
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