En un comunicado al que accedió Tiempo Judicial, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, presidida por Marcelo Gallo Tagle, defendieron al Máximo Tribunal pero de forma escueta y light. Pidieron respeto y mesura, no mucho más.
"Expresamos nuestro rechazo al video publicado por la señora vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el que ataca a la CSJN y a distintos magistrados federales", dice el comunicado que adjuntamos en esta nota.
"Esta institución observa que, más allá del absoluto respeto y garantías que le caben a la señora vicepresidenta como ciudadana de discrepar con decisiones jurisdiccionales que le son adversas, consideramos que quienes ejercen la función pública en las más altas jerarquías deben actuar con equilibrio y mesura en su críticas y respeto institucional", añadieron. Luego, aprovecharon la ocasión para criticar al Gobierno, al decir que "esa moderación debe extremarse en contextos de debilidad económica y social como la que atravesamos", criticaron.
Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), presidida por el fiscal de Comodoro Py, Carlos Rívolo, rescató el valor de la "independencia judicial constituye un derecho humano”, amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este sentido, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó que “(…) la separación de poderes es, precisamente, asegurar la independencia de los órganos del sistema de justicia, debiendo facilitar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o de cualquier otro sector de poder”.
En este sentido, la AFFUN cuestionó la forma mediática de los cuestionamientos: “(…) sugieren mediáticamente que actúan de manera indebida o ilegal, sin asumir la responsabilidad legal de denunciar o la utilización de la vía recursiva pertinente”, así como explicaron que las críticas de la vicepresidenta son bien recibidas y que “este llamado de atención, en modo alguno implica la imposibilidad de auditar, por parte de los otros poderes estatales, la calidad de la función jurisdiccional, ya que impone, entre otras cosas, un sistema legal de denuncias y juicio, respetando las garantías constitucionales, de modo de no degradar injustificadamente las instituciones y la seguridad jurídica de una Nación”, señalaron en el comunicado también firmado por el salteño Ricardo Toranzos, vicepresidente primero; María Fernanda Poggi vicepresidenta segunda; y su secretaria general, Susana Pernas.
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