El Gobierno recurrió a un mecanismo excepcional para intentar destrabar el conflicto judicial por la reforma laboral: presentó un recurso extraordinario por salto de instancia ante la Corte Suprema con el objetivo de que revise la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la ley.
La presentación fue impulsada por la Procuración del Tesoro y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa, sin pasar por las instancias intermedias, en la discusión sobre la validez constitucional de la norma.
En el escrito, el Estado cuestiona con dureza la decisión del juez laboral que hizo lugar al amparo de la CGT. Sostiene que actuó sin competencia, que no existe un “caso judicial” debidamente configurado y que la central sindical no acreditó legitimación suficiente para impulsar una acción colectiva de ese alcance.
También afirma que la medida cautelar afecta el principio de división de poderes al suspender la aplicación de una ley sancionada por el Congreso, y acusa arbitrariedad en la sentencia por apoyarse en fundamentos insuficientes.
La decisión judicial había frenado cambios en materia de indemnizaciones, contratación laboral, banco de horas, vacaciones y regulación de aportes sindicales, entre otros puntos centrales de la reforma. La CGT había planteado que esas modificaciones vulneran derechos constitucionales.
En paralelo, el expediente ya había atravesado una disputa de competencia entre fueros, con una decisión que lo trasladó al fuero contencioso administrativo federal por tratarse de una norma nacional.
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