La Cámara Federal de Casación Penal dio un paso decisivo en la causa Vialidad al rechazar los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados, y habilitar la ejecución patrimonial derivada de la sentencia firme por corrupción.
Con esta resolución, la Sala IV —integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— confirmó el decomiso de 111 bienes identificados durante la investigación, con el objetivo de cubrir un perjuicio estimado en $685.000 millones al Estado.
El fallo, que contó con una disidencia parcial de Borinsky respecto a los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, ratificó que los activos vinculados a maniobras ilícitas pueden ser recuperados incluso si fueron transferidos a terceros o heredados.
Según el tribunal, no es necesario reconstruir de manera exacta cada circuito del dinero ilegal. En ese sentido, sostuvo que “exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible” y que alcanza con demostrar una relación razonable entre el incremento patrimonial y los hechos delictivos.
Entre los bienes alcanzados hay unas 20 propiedades vinculadas a la familia de la ex presidenta y más de 80 pertenecientes a Báez, incluyendo activos de sus empresas.
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