La Confederación General del Trabajo (CGT) avanzó con la recusación de los jueces Víctor Pesino y María Dora González, tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que volvió a poner en vigencia artículos clave de la reforma laboral que habían sido suspendidos.
La presentación, realizada por el abogado Pablo Topet, sostiene que los magistrados habrían adelantado opinión sobre el fondo del caso y por eso solicita la nulidad de la sentencia. Para la central obrera, “la resolución que se recurre carece de todo fundamento”.
El fallo cuestionado había revertido una medida cautelar que mantenía frenada la aplicación de cerca de 80 artículos de la ley, vinculados a cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, indemnizaciones, libertad sindical y derecho a huelga, entre otros puntos.
Uno de los ejes más fuertes del planteo sindical apunta a la situación del juez Pesino. La CGT vinculó su intervención con un pedido del Gobierno al Senado para extender su permanencia en el cargo por cinco años, pese a alcanzar el límite de edad constitucional. En ese marco, señaló la existencia de “un beneficio de importancia por parte del Estado Nacional” y cuestionó su imparcialidad.
La central también criticó al Poder Ejecutivo por su rol en el proceso y advirtió inconsistencias en la intervención del tribunal. A su vez, cuestionó que los jueces intervinientes hayan resuelto sin una participación efectiva de la CGT y sin desarrollar fundamentos suficientes, lo que calificó como omisiones graves.
Finalmente, la organización anticipó que presentará el caso ante la Corte Suprema de Justicia y que evaluará recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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