Andrés Leonelli, juez de Cámara en Ushuaia, fue sobreseído en una causa que se originó tras el bloqueo de su cuenta de Google Drive y un reporte realizado por la empresa ante el National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec), en Estados Unidos.
El caso se inició cuando, en el marco de su trabajo como juez de instrucción en Río Grande en 2016, almacenó en su computadora laboral documentación vinculada a una causa por delitos sexuales contra menores. Esos archivos fueron luego respaldados automáticamente en su cuenta de Google Drive.
A partir de ese hecho, la plataforma bloqueó sus cuentas y emitió el reporte internacional, lo que derivó en una investigación penal en Argentina por presunta producción o facilitación de material de abuso sexual infantil. El magistrado fue allanado en su domicilio y en su despacho judicial.
“Es una historia de terror. Todavía estoy con tratamiento psicológico”, declaró Leonelli, quien sostuvo que en un primer momento pensó que el bloqueo respondía a un error del sistema o a la interpretación automática de archivos judiciales.
El año pasado fue sobreseído “con expresa declaración de que el proceso no ha afectado el buen nombre y honor que hubiere gozado”. Sin embargo, inició acciones legales contra Google.
Leonelli inició acciones judiciales contra Google tanto en el fuero civil como en el penal, tras considerar que el bloqueo de su cuenta y el reporte internacional derivaron en un proceso que lo expuso públicamente y generó consecuencias personales y profesionales. En su presentación, atribuyó responsabilidad a la empresa por la forma en que se detectó y reportó el material, y pidió la reparación de los daños sufridos, además de la restitución de sus cuentas y servicios asociados.
En su presentación judicial, Leonelli explicó que el almacenamiento de documentación en la nube era una práctica habitual en el ámbito judicial fueguino y promovida institucionalmente, sin un sistema oficial alternativo obligatorio.
Sostuvo además que los archivos fueron cargados de manera automática junto con material laboral, y que desconocía su presencia en la nube.
La investigación fue derivada a la fiscalía especializada en delitos informáticos y luego al Juzgado de Ushuaia, que finalmente concluyó la inexistencia de delito.
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