La Cámara Federal porteña resolvió que la jueza María Eugenia Capuchetti continuará al frente de la investigación unificada sobre las denuncias vinculadas a supuestos beneficios irregulares en créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación.
La decisión fue adoptada por el juez de cámara Eduardo Farah, quien puso fin a la disputa entre distintos juzgados federales que habían abierto causas paralelas a partir de presentaciones similares por correo electrónico.
El conflicto se originó cuando el Juzgado Federal N° 5 solicitó al Juzgado N° 4, a cargo de Ariel Lijo, que se apartara de las investigaciones en trámite, al considerar que se trataba de los mismos hechos. Lijo rechazó el planteo y respondió con un pedido inverso, lo que llevó la discusión a la Cámara.

La jueza María Eugenia Capuchetti.
En su resolución, el tribunal tuvo en cuenta el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que señaló que las denuncias describen “los aspectos fácticos de un mismo suceso”, aunque con distintos niveles de precisión. En ese sentido, recomendó concentrar el caso en un solo juzgado para evitar superposición de actuaciones.
Farah también analizó el orden de las presentaciones y concluyó que la denuncia de Mónica Frade fue la primera válida, lo que determinó la competencia del Juzgado Federal N° 5.
Entre los beneficiarios bajo análisis figuran funcionarios, asesores y legisladores, entre ellos Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, María Frías y Alejandro Carrancio.
Desde el Banco Nación negaron irregularidades y aseguraron que los créditos fueron otorgados conforme a la normativa vigente, mientras se realiza una auditoría interna.
La investigación busca determinar si existieron “privilegios indebidos” en la asignación de préstamos a funcionarios, legisladores y otros beneficiarios.





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