La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) manifiestó su preocupación ante la posibilidad de que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, pueda atentar contra la independencia que garantiza a esa institución el artículo 120 de la Constitución Nacional.
La AMFJN exhortó a los legisladores a que obren con la mayor prudencia a la hora de decidir la participación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación en las decisiones de gobierno del organismo.
El pasado 18 de octubre tuvo dictamen en la Cámara de Diputados el proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal que acota el mandato del/la procurador/a general a cinco años, lo que desplazaría a Alejandra Gils Carbó y removería a casi todos los titulares de las procuradurías y unidades especializadas que ella nombró, al poner un requisito de antigüedad como fiscal de un mínimo de cinco años, que la mayoría no tiene.
La reforma plantea restituir en sus funciones a los fiscales que fueron desplazados por Gils Carbó, dando plazo de 48 horas para que vuelvan a las funciones que se les asignó con acuerdo del Senado; y apunta a descabezar la estructura que armó la procuradora desde 2012, cuando asumió en el organismo, al someter a revisión y aprobación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control todas sus designaciones de fiscales, procuradorías especializadas y también las 11 direcciones generales, que hacen a la megaestructura del MPF.
"Los fundamentos de la iniciativa legislativa parecen reposar básicamente en cuestiones que tienen que ver con la persona de la Sra. Procuradora General de la Nación, que deberían ser planteadas, analizadas, juzgadas y resueltas en el ámbito del pertinente proceso disciplinario", dice el comunicado de la Asociación.
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