La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó su "preocupación" por las balaceras que nuevamente recibieron los edificios donde trabajan funcionarios judiciales en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Es por el inicio de una nueva jornada del juicio a la banda narco "Los Monos" donde la cámara revisa la sentencia del pasado 9 de abril. En tanto, el tribunal superior de Córdoba se sumó al reclamo de seguridad de los jueces y fiscales.
En el marco de esta causa hoy se detuvieron diez personas, entre ellas un policía y un prefecto retirado, por las balaceras vinculadas a la investigación del accionar de la banda Los Monos a funcionarios judiciales. Los procedimientos se llevaron adelante con órdenes otorgadas por la Justicia, bajo la supervisión del fiscal Matías Edery.
Gendarmería y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron múltiples allanamientos en distintos puntos de la ciudad por las balaceras contra funcionarios judiciales. Si bien los procedimientos no fueron en conjunto, cada fuerza intervino en diferentes operativos que arrojaron resultados positivos. Se detuvo a diez personas, entre las que se encuentra un policía y un prefecto retirado.
Foto: Rosario3.com
La PDI allanó en la zona de Lima al 2100 y en pasaje 1841 entre Centeno y Garibaldi. En esos operativos incautó unos 50 celulares, 200 gramos de marihuana, computadoras, tablets, pen drive, municiones y cuatro armas de fuego.
Como repercusión, de inmediado la entidad que nuclea jueces y fsicales federales y nacionales emitió un comunicado con la firma del fiscal Ricardo Sáenz, vicepresidente MPF, de la jueza María Lilia Díaz Cordero presidente de la entidad y Marcelo Gallo Tagle, Secretario General.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado en el que "expresa nuevamente su honda preocupación ante un nuevo ataque con armas de fuego al edificio del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Rosario -ocurrido en la madrugada del día de la fecha- que tiene a su cargo investigaciones vinculas al narcotráfico y crimen organizado en esa jurisdicción, con el objetivo de pretender condicionar el normal desempeño de funciones constitucionales".
En esas condiciones, -continúa- "la asociación exhorta a las autoridades administrativas y políticas, como así también a los organismos de seguridad, a adoptar todas las medidas indispensables de prevención para salvaguardar la integridad física, personal y familiar de los integrantes de los Ministerios Públicos y del Poder Judicial que se encuentran expuestos a este tipo de acciones delictuosas reiteradas, según información periodística, en al menos trece ocasiones".
El apoyo de Córdoba
En tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) y la Fiscalía General de la Provincia también expresó su preocupación por las agresiones perpetradas contra integrantes del Poder Judicial de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, e hicieron público su repudio “a todo acto de violencia que pretenda afectar el funcionamiento de las instituciones democráticas”.
Por medio del Acuerdo 694, Serie “A”, las máximas autoridades cordobesas señalaron que la Argentina “ha transitado por el camino de la violencia y ha comprobado dolorosamente que él solo conduce a una mayor discordia, intolerancia y enfrentamientos, en un espiral sinfín”.
“Los hechos acaecidos en la provincia de Santa Fe ratifican que la mejor garantía con la que cuentan los habitantes de este país es a la de ser juzgados, con las debidas garantías constitucionales, porque, de lo contrario, la ley y la Constitución son sustituidos por la violencia, que solo es fuerza e imposición, no razón y concordia, que es lo que los argentinos ratifican, diariamente”, enuncia el Acuerdo 694.
Juicio a "Los Monos"
Las camaristas Gabriela Sansó, Bibiana Alonso y Carolina Hernández comenzaron a revisar la sentencia apelada por las defensas de los delincuentes condenados por narcotraficantes. Pocos condenados/absueltos en primera instancia dieron el presente, entre ellos, Lorena Verdún; Silvana Gorosito; Roberto Otaduy; Eduardo Enriquez; Sergio Blanche; y Ángel Avaca.
A través de una pantalla, que estaba subdividida en tres, estaban Ramón Ezequiel Machuca, alias Monchi Cantero; Mariano Salomón; y Walter Jure. Los tres estaban juntos en la Unidad Penitenciaria N° 3 de Rosario, donde pasarán sus días mientras dure la apelación. Además, Jorge Emanuel Chamorro presenció el debate oral y público desde el penal federal de Rawson, y Ariel Máximo “Guille” Cantero desde Resistencia, Chaco.
Con murmullos de fondo de los internos que estaban vía videoconferencia, los abogados Carlos Edwards y Fausto Yrure apelaron primero el rechazo a la recusación de los jueces Ismael Manfrin y María Isabel Más Varela.
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