La Cámara Nacional Electoral creó un registro de cuentas partidarias en redes sociales para que los electores puedan verificar su autenticidad. Consideró conveniente, además, la realización de una campaña de “formación cívica y educación digital” para concientizar sobre el “uso responsable y crítico de la información disponible en Internet”.
Según Chequeado.com, el tribunal dispuso, además, extender a las redes sociales y a sitios web el monitoreo que desde hace una década realiza sobre la publicidad electoral y solicitó a los partidos políticos que a partir de las próximas elecciones incluyan en los informes de campaña el material audiovisual que publican en redes sociales y en Internet en períodos electorales.
Según información de la Cámara, los recursos que los partidos destinan a redes sociales pasaron de 4,7% en 2011 a 31% en 2017. Esto fue tratado ayer en un plenario del Senado en el que expuso el secretario del tribunal, Hernán Gonçalvez Figueiredo.
La Cámara se refirió al “nuevo paradigma de la era digital” en la que casi un 30% de las personas “se informan de cuestiones políticas por medio de las plataformas de referencia, como Facebook y Twitter”. En este contexto, el funcinario señaló la preocupación por “tácticas de manipulación y desinformación en línea” que tuvieron lugar en procesos electorales de distintos países y advirtió sobre la “influencia que proyectan sobre la capacidad de los ciudadanos de elegir a sus representantes sobre la base de información veraz y con debates públicos auténticos”.
En la acordada, firmada por los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, se hizo referencia a la utilización de perfiles falsos, a las “fake news”, a los trolls y a los bots. Mencionó distintas medidas que se aplicaron en otros países para contrarrestar este fenómeno, aunque reconoció que “toda regulación sobre la materia debe prestar especial atención en no menoscabar el derecho a la libertad de expresión”.
Por eso, solicitó colaboración al Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evaluar la conveniencia de realizar una campaña de concientización sobre el uso de redes en períodos electorales.
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