La Legislatura aprobó hoy en una sesión especial las propuestas para que la jueza Marcela Vivian De Langhe y el juez Santiago Otamendi integren el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Así como también dio su conformidad a la designación del doctor Juan Bautista Mahiques como Fiscal General del Ministerio Público. Fue con los votos de varios bloques de la oposición porteña.
Ambos son jueces de la Justicia porteña aunque hoy en día Otamendi estaba en uso de licencia ejerciendo el cargo de secretario de Justicia de la Nación. En tanto, Langhe era camarista de la Sala 2 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. Ambos empezarán a ejercer su rol en el tribunal superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Otamendi, Langhe y el ex ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo.
Los tres nombramientos surgen de propuestas que fueron enviadas a la Legislatura por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Allí los expedientes fueron analizados por la Comisión de Justicia y por la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control; y finalmente los candidatos para los cargos en la justicia tuvieron que exponer sus antecedentes en Audiencia Pública.
Varios legisladores expresaron durante el debate sus posturas sobre los candidatos. El diputado Daniel Presti (VJ) sostuvo: "Estoy convencido que la designación va a fortalecer a la justicia y a los derechos humanos y que los postulantes son idóneos para ocupar los cargos propuestos", y aclaró que se analizaron y fueron desestimadas las impugnaciones que recibieron los doctores Santiago Otamendi y Juan Bautista Mahiques.
La composición del Tribunal Superior de Justicia, según la Constitución de la Ciudad (artículo 111) establece que "está compuesto por cinco magistrados propuestos por el Jefe de Gobierno con acuerdo brindado por los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura de la Ciudad, en sesión pública especialmente convocada al efecto. Sólo son removidos por juicio político. En ningún caso podrán ser todos del mismo sexo".
Por otra parte, la Fiscalía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal son la misma institución. Tiene autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial y se encuentra encabezado por un Fiscal General quien ejerce sus funciones ante el Tribunal Superior de Justicia, y por los demás funcionarios que de él dependen.
Antecedentes académicos y votación
La Dra. Marcela Vivian De Langhe es abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA, 1987), Especialista en Derecho Penal, por la Universidad de Buenos Aires (UBA, 1992) y Especialista en Políticas Públicas en Seguridad, por la Universidad de Buenos Aires (UBA 2012), ha cursado posgrados internacionales y se encuentra Doctorando en Derecho Penal y Ciencias Penales, por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Del Salvador (USAL, actualidad), constando entre sus antecedentes el ejercicio de magistraturas de alto nivel e importancia. Su postulación resultó aprobada con 43 votos a favor (VJ, Ev, PS, MC); 4 en contra (izquierda) y 11 abstenciones (UC, BP).
El Dr. Santiago Otamendi es abogado por la Pontificia Universidad Católica Argentina (1990), cuenta con un curso de Posgrado en Actualización en Derecho Penal (Pontificia Universidad Católica Argentina, 1999) y ha completado el Programa Ejecutivo en Administración y Modernización Judicial de la Universidad Carlos III de Madrid, Fundación Carolina de Argentina y Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2006), constando entre sus antecedentes profesionales el ejercicio de la magistratura. Su postulación resultó aprobada con 41 votos a favor (VJ, Ev, MC), 11 en contra (UC y la izquierda) y 6 abstenciones (PS y BP).
El Dr. Juan Bautista Mahiques es abogado por la Universidad de Buenos Aires (2008), y Magister en Administración de Justicia por la Universitá Degli Studi Di Roma Unitelma Sapienza (2018), constando entre sus antecedentes personales el ejercicio de cargos de alto nivel e importancia, que significarán un aporte profesional de gran envergadura al Ministerio Público Fiscal de nuestra Ciudad. Su postulación resultó aprobada con 43 votos a favor (VJ, Ev, PS, MC), 11 en contra (UC y la izquierda) y 4 abstenciones (BP).
Daniel Presti, diputado de VJ de la comisión de Justicia.
Críticas de la oposición
El presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde, explicó el rechazo a la designación de Santiago Otamendi al frente del Tribunal Superior de Justicia y de Juan Bautista Mahiques para la Fiscalía General de la Ciudad.
En la sesión especial de esta mañana, Recalde destacó que la designación “es un acto de gran trascendencia pública para el sistema institucional” y que constituía una "buena oportunidad para que el Gobierno demuestre si verdaderamente le importa la República y las instituciones o si solo fue un slogan de campaña”.
Para el legislador, la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta eligió “un muy mal camino para cubrir estas vacantes”. En primer lugar, señaló que la misma se realiza a meses de las elecciones “donde seguramente haya un cambio de gobierno” y recordó que en 2015 “el oficialismo, que entonces era oposición, se cansó de repetir que no se podían cubrir las vacantes a la Corte Suprema de Justicia estando tan cerca de un proceso electoral”.
Luego, Recalde sostuvo que había que considerar “el contexto que estamos viviendo en Argentina”, donde “hay graves y fundadas acusaciones de de que el Poder Judicial se utiliza para la persecución política a dirigentes opositores”. En este marco, “el Gobierno tendría que haber tenido un gesto de grandeza y reforzar la credibilidad de la justicia”, no “designar candidatos que no son juristas reconocidos ni de trayectoria sino funcionarios del gobierno y de estrecha confianza del partido que gobierna”.
Sobre los candidatos, el presidente del bloque de Unidad Ciudadana consideró que “ninguno cumple con los requisitos constitucionales de independencia, idoneidad y compromiso con los valores democráticos" y puntualizó: “Otamendi no tiene antecedentes técnicos ni académicos y su Currículum Vitae es pobre: solo fue juez de primera instancia, cargo al que accedió mediante un concurso en el que se cubrían 38 cargos y él obtuvo el lugar 33. Sí en cambio fue denunciado por integrantes del propio gobierno por el encubrimiento a fiscales acusados de desviar, nada más y nada menos, que la investigación de la causa AMIA”.
Sobre Mahiques, en tanto, sostuvo que “tampoco cumple con los requisitos constitucionales y mucho menos para ser considerado de los ‘mejores’ para un rol institucional tan importante como es el último lugar de interpretación de la Constitución de la Ciudad y la última instancia local de resolución de conflictos”.
Además, recordó que fue parte de las maniobras de “persecución y hostigamiento a jueces independientes como Ramos Padilla por investigar a las mafias vinculadas al Gobierno”. “En definitiva –resumió- Recalde. No fueron elegidos por su idoneidad ni por su trayectoria, sino por su absoluta subordinación al partido de Gobierno”.
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