La investigación de la segunda desaparición de Julio López, transcurridos 15 años, continuó esta semana con un avance significativo para dar con el paradero del testigo de la causa que investigaba al genocida Miguel Etchecolatz. En esta oportunidad, el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó “no innovar” sobre 66 tumbas que contienen restos no identificados en el Cementerio Municipal de La Plata.
La medida advierte al Cementerio Municipal que “se abstenga de modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios” en las sepulturas, a raíz del pedido de los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda. Las tumbas contienen restos no identificados y habían sido individualizadas en la investigación.
Cabe recordar que desde 2009 la investigación se encuentra delegada en el Ministerio Público Fiscal (MPF) y se abordan distintas hipótesis, como la desplegada en el legajo N°10, caratulado “Hallazgos - Cadáveres - Restos”. La cual establece que López se encuentra sin vida y sus restos hayan sido ingresados a una morgue o cementerio sin el registro debido. Por eso, la búsqueda de sepulturas NN del 2006 en adelante.
Desde la Unidad Fiscal a cargo de la investigación se pidió la colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Equipo Argentino de Antropología Forense, de la Policía Judicial del Ministerio Público bonaerense, del Registro Nacional de las Personas y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
Fue el 18 de septiembre de 2006 cuando López tuvo su segunda desaparición forzada. Según trascendió salió de su casa ubicada en Los Hornos para ir al Palacio Municipal de dicha ciudad y nunca llegó al lugar. Sus familiares y organizaciones de derechos humanos aún piden por su paradero.
Kreplak hizo lugar al pedido de no innovar solicitado por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda. Ambos fiscales forman parte de la Unidad Fiscal que interviene en los casos por violaciones a los DDHH durante la época del terrorismo de Estado.
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