Este lunes, el Gobierno nacional presentó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe sobre Derechos Humanos para especificar la intromisión de la política partidaria en el sistema de Justicia, amparada, según el texto, por la oposición y los medios de comunicación.
La Secretaría de Derechos Humanos, junto con la Cancillería, redactaron un informe de 30 hojas, y fue presentado por Horacio Pietragalla en un evento realizado en Ginebra. Por esto, se llevó a cabo una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos en la que Argentina donde presentó su Examen Periódico Universal (EPU), que justamente releva la situación de los derechos humanos en el país.
Este martes, llegó la respuesta de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos pidió a la Argentina que se "asegure la plena independencia del poder judicial y de los fiscales".
Sin embargo, en el Gobierno destacaron que la respuesta de Naciones Unidas incluía también elogios a la política oficial, como las medidas contra la discriminación y el "discurso del odio".
En el marco del 42º Período de Sesiones del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, Pietragalla puso sobre la mesa los cuestionamientos del Gobierno a la Justicia. Según indicó, "el caso emblemático de lawfare en la Argentina es el que tiene por víctima a la actual vicepresidenta", que "ha enfrentado un sinfín de procesos judiciales carentes de toda racionalidad jurídica".
Pietragalla defendió ayer a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la dirigente jujeña Milagro Sala, al cuestionar las condenas judiciales en contra de ambas. El funcionario sostuvo que se busca proscribir a la exmandataria y que la jefa de la Tupac Amaru está detenida "arbitrariamente" en Jujuy.
El último punto referido a la Justicia local en el discurso de Pietragalla estuvo dedicado al juicio político que el Gobierno impulsa contra la Corte Suprema. En tanto, pidió apoyo internacional para las metas del Gobierno en materia judicial. "La pérdida de credibilidad del máximo tribunal de Justicia implica una inadmisible degradación del sistema institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Por eso, solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procuren fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de justicia y el Estado de Derecho de nuestro país", argumentó.
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