La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro confirmó que el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y los otros seis profesionales de la salud irán a juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona. Se los acusa de "homicidio simple con dolo eventual" y enfrentan posibles penas de entre 8 y 25 años de prisión.
La decisión fue adoptada por la sala III del tribunal integrado por Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel y Ernesto García Maañón. Los magistrados destacaron que la fiscalía “efectuó una completa descripción del hecho, enumerando las acciones u omisiones que consideraron reprochables a cada uno de los imputados y que, a su entender, habrían incidido en el fatal desenlace endilgado”.
Este detalle que mencionan tienen que ver con la descripción de “quienes se encontraban a cargo de la atención del paciente, ubicando en tiempo y lugar la situación apuntada, para luego referirse específicamente a cómo fue el desempeño de cada uno de ellos”. Cada rol descripto por la fiscalía establece “de qué modo sus inconductas determinaron la muerte de Maradona”.
Los acusados son: el médico neurocirujano a cargo Leopoldo Luque, quien es sindicado como el médico de cabecera de Maradona. Entre otras cosas, para la fiscalía, "evitó asistir y/o al menos propiciar la debida atención médica a Maradona" y “no garantizó su debido seguimiento con controles y estudios cardiológicos". También argumentan que no tuvo presente "los claros signos que anunciaban el riesgo de muerte”.
Por otra parte se encuentra la también imputada Agustina Cosachov, quien era la psiquiatra del futbolista, y le atribuyen no haber puesto “límites al dolente” y por ser la responsable del "apartamiento expreso de los acompañantes terapéuticos". Otro punto que le endilgan es que “no aseguró la correcta administración de la medicación y psicotrópicos” y a su vez se “desentendiéndose de los efectos adversos".
El tercero de los que serán llevados a juicio es el psicólogo de Maradona, Carlos Ángel Díaz, a quien acusan de omitir proceder a su internación en un centro de rehabilitación adecuado y de “manipular” a la familia "proponiéndoles que todo lo que estaba sucediendo era producto de la libre y espontánea decisión de Maradona".
Otra de las imputadas es la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini quien "omitió cumplir con los deberes mínimos a su cargo” y conociendo el “deficitario servicio de enfermería” no tomó medida alguna siendo, para la fiscalía, “funcional a las conductas que ejecutaban los restantes imputados, fruto de lo cual se produjo el resultado fatídico antes mencionado, que ineludiblemente debió representarse por la condición que detentaba". Los otros imputados son el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni; los enfermeros Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Omar Almirón ; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.
Lo único en lo que sí los camaristas resolvieron a favor de las defensas fue en revocar parcialmente la elevación a juicio en relación a los denominados hechos 2 y 3, imputados a Luque y Cosachov, referidos al "uso de documento privado falso" que le imputaban al neurocirujano por haber presuntamente usado una firma falsificada de Maradona para pedir una historia clínica; y a la "falsedad ideológica" por la que se acusaba a la psiquiatra por haber supuestamente confeccionado un certificado de aptitud mental de Diego sin ir a visitarlo.
Matias Morla, último abogado de Maradona, fue investigado en algún momento en la causa pero no prosperó ninguno de los elementos. En una reciente entrevista sostuvo que Luque, Cosachov y Díaz no tuvieron responsabilidad en la muerte de Maradona y aseveró que “ninguno de ellos tres van a poder ser condenados” porque “la actividad de los médicos de Diego, a mi criterio, termina cuando empieza la actividad de los médicos que estaban destinados a la internación domiciliaria”.
Ahora, y tras este fallo que confirmó la elevación a juicio del expediente, la causa pasará a sorteo para designar el Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro que deba juzgar a los acusados. Lo que se espera que ocurra recién para 2024.
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