Un nuevo programa oficial redefine el alcance de los controles sobre personas extranjeras en la Argentina y suma a las fuerzas de seguridad federales a tareas que hasta ahora estaban concentradas en el área migratoria.
La Resolución 551/2026 establece la creación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. Estos equipos funcionarán en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones y podrán participar en operativos de control, investigación y detección de irregularidades, tanto en pasos fronterizos como en otros puntos del país.
El esquema contempla acciones de “prevención”, mantenimiento del orden en áreas migratorias y el desarrollo de tareas de inteligencia para identificar posibles infracciones. También prevé capacitación específica para la detección de situaciones consideradas ilícitas.
Desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a fortalecer la seguridad ante movimientos migratorios que podrían estar vinculados a organizaciones criminales. En ese marco, justifican la ampliación de facultades como una herramienta para responder a riesgos que, aseguran, afectan la seguridad nacional.
La decisión, sin embargo, despertó críticas. Sectores de la Iglesia advirtieron que este tipo de políticas puede derivar en prácticas que no prioricen garantías básicas. Señalaron que la incertidumbre en los procesos de regularización y los cambios en las condiciones de permanencia generan temor a la expulsión y dificultan el acceso a derechos esenciales.
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