A pocos días de cumplirse el primer año desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, Amnistía Internacional Argentina publicó un informe en el que detalla alarmantes datos sobre la reacción del Gobierno durante las protestas sociales que se llevaron a cabo durante 2024.
Según indicaron desde la organización, en al menos 15 manifestaciones relevadas "la respuesta estatal se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra niños y niñas que fueron afectados por la violencia represiva".
En ese sentido, se confirmó un mínimo de 1155 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves, de las cuales 33 recibieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión.
"La respuesta estatal frente a la protesta fue el uso desproporcionado de la fuerza, plasmado en el uso abusivo de gases lacrimógenos y balas de goma, camiones hidrantes, golpes con tonfas y bastones, detenciones arbitrarias, que dejaron numerosas personas heridas, entre ellas, periodistas y trabajadores de prensa que fueron lesionados mientras cumplían su labor periodística", indicaron.
Respecto a la prensa, aproximadamente 50 periodistas, movileros y camarógrafos resultaron heridos "como consecuencia del accionar violento de las fuerzas de seguridad, en sus tareas de cobertura".
Este año, hubo un total de 68 detenidas y 73 criminalizadas por participar en las distintas protestas.
En cuanto al Protocolo Anti-piquetes, remarcaron que es "una norma que va a contramano de las normas y estándares a nivel nacional e internacional. Este protocolo parte de la premisa de que toda protesta social atenta contra la seguridad y el orden público y fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran el derecho a la libre reunión y asociación, libertad de expresión y de protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y los estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la materia".
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