La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió llevar la discusión por la reforma laboral al terreno judicial. Poco después de que el Poder Ejecutivo promulgara la ley 27.802, la central obrera presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal con el objetivo de suspender su aplicación.
La medida concreta una advertencia que los dirigentes sindicales habían formulado días atrás durante una movilización frente al Palacio de Tribunales, donde denunciaron que el contenido de la reforma vulnera derechos protegidos por la Constitución.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº7, bajo la órbita del juez Fernando Lavie Pico. El magistrado deberá evaluar si corresponde dictar una medida que detenga, al menos de forma provisoria, la implementación de la norma.
Entre los argumentos del amparo, la CGT sostiene que la reforma altera el funcionamiento del sistema judicial laboral al derivar determinadas causas hacia la Justicia porteña. Según la central, ese cambio podría afectar la competencia del fuero laboral y también impactar en el Contencioso Administrativo Federal.
El escrito también plantea que varios artículos del nuevo régimen chocan con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege derechos como la estabilidad frente a despidos arbitrarios, la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho de huelga.
Además, la central sindical afirmó que la ley contradice compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos convenios de la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto de San José de Costa Rica.
Entre los puntos más cuestionados aparecen la ampliación de actividades consideradas esenciales, límites a las asambleas en los lugares de trabajo y sanciones más severas para ciertas formas de protesta gremial.
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