La fiscal Celsa Ramírez quedó al frente de una denuncia penal impulsada por el Gobierno porteño, SBASE y la concesionaria Emova contra 170 trabajadores y trabajadoras del Subte, acusados bajo la figura de asociación ilícita por medidas gremiales realizadas entre 2024 y 2025.
La causa alcanza a acciones sindicales convocadas por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
Celsa Ramírez.
Desde el sindicato rechazaron la acusación y denunciaron un intento de judicializar y criminalizar la actividad gremial.
La figura elegida para la denuncia encendió las alarmas dentro del gremio, ya que contempla penas de prisión y, según advirtieron, busca disciplinar la protesta sindical.
Cabe recordar que Ramírez impulsó investigaciones contra vendedores ambulantes y manteros en operativos de desalojo en zonas comerciales porteñas, además de actuaciones judiciales relacionadas con cortes, manifestaciones y medidas de fuerza de distintos sectores sindicales y sociales.
Su intervención en este tipo de expedientes le valió cuestionamientos de organizaciones gremiales y de derechos humanos, que la acercaron al macrismo y la señalan por promover una línea de judicialización de la protesta.
La AGTSyP declaró el estado de alerta y movilización y cuestionó especialmente el rol de Ramírez, al recordar que en 2018 la fiscal ya había impulsado una denuncia de características similares contra trabajadores del Subte, que finalmente fue desestimada por la Justicia.
Para el sindicato, el nuevo avance judicial se inscribe en un escenario de tensión histórica con la concesionaria Emova, atravesado por reclamos laborales y denuncias sobre condiciones de trabajo, entre ellas la presencia de asbesto en las formaciones.
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