En el marco de una nueva conferencia organizada por la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina y moderada por su presidente y juez penal tucumano, Mario Velázquez, el exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, desarrolló un amplio análisis sobre el estado del derecho penal en América Latina y el creciente avance de lógicas punitivas que, según planteó, tensionan las garantías constitucionales. El encuentro, titulado "Punitivismo y guerra", reunió a magistrados y especialistas en un contexto regional marcado por debates sobre seguridad, política criminal y presión social sobre el Poder Judicial.
No fue un evento académico más, sino un acto de resistencia intelectual. La figura de Zaffaroni se alzó como el faro necesario para un profesional del derecho que hoy navega en aguas autoritarias.
El excortesano sostuvo que el derecho penal debe ser entendido a partir de una distinción entre la ley formal, el poder punitivo en la práctica y el saber jurídico construido por la dogmática. En esa línea, señaló que la producción teórica no es neutral ni meramente técnica, sino que funciona como una herramienta con efectos políticos concretos sobre las decisiones judiciales.
Zaffaroni también repasó la genealogía histórica de los sistemas de castigo, vinculándolos con estructuras heredadas de la tradición inquisitorial y con procesos de dominación global que se consolidaron en el siglo XIX. A partir de ese recorrido, cuestionó la idea de una evolución lineal del derecho penal y advirtió que muchas corrientes contemporáneas siguen respondiendo a necesidades de poder antes que a criterios de justicia.
En otro tramo de su exposición criticó la adopción acrítica de doctrinas extranjeras, especialmente de origen alemán, y advirtió sobre enfoques que separan la teoría jurídica de la realidad social. En particular, cuestionó corrientes como el neokantismo por permitir, según dijo, lecturas normativas desconectadas de los hechos y susceptibles de ser utilizadas para justificar decisiones arbitrarias o persecuciones políticas.
El análisis incluyó también una dura observación sobre el funcionamiento del sistema carcelario. Zaffaroni advirtió que más del 50% de las personas privadas de libertad en la región no cuenta con condena firme, lo que, a su entender, convierte a la prisión preventiva en la pena más extendida del sistema penal. Cuestionó además la idea de que se trate de una medida cautelar inocua, señalando que implica una pérdida de libertad sin reparación posible.
En ese sentido, comparó el poder punitivo estatal con la lógica de la guerra y sostuvo que el derecho penal debería operar como un límite humanitario dentro del sistema interno, destinado a reducir daños y contener la violencia institucional.
Finalmente, remarcó que el rol del juez no puede limitarse a validar normas, sino que debe consistir en controlar efectivamente el poder estatal a partir de la realidad concreta y no de formulaciones abstractas. Advirtió que ignorar la dimensión fáctica del sistema penal conduce a legitimar desigualdades estructurales y a profundizar la selectividad del castigo en sociedades marcadas por altos niveles de desigualdad.
Cerró su intervención con un llamado a abandonar enfoques de “gabinete” y a construir una dogmática jurídica comprometida con la realidad social, capaz de preservar las garantías fundamentales y evitar que el derecho penal se convierta en una herramienta de racionalización del sufrimiento.
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