El Gobierno habilitó un plan de retiros voluntarios para trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN). La medida, formalizada por la Resolución 191/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, apunta a reducir la estructura del organismo.
Aunque el Cuerpo de Guardaparques queda excluido, el recorte impacta sobre áreas técnicas, administrativas y operativas que sostienen el funcionamiento diario. Desde el sector advierten que la salida de personal puede debilitar tareas clave ya que “menos trabajadores implica menor capacidad de control, prevención y respuesta” dentro de las áreas protegidas.
El esquema prevé compensaciones según la edad: quienes tengan hasta 60 años recibirán el 90% de una remuneración bruta por cada año de antigüedad; los mayores de esa edad, el 85%.
Además, quienes se adhieran no podrán reingresar al Estado nacional durante cinco años. Cada solicitud deberá ser evaluada por la APN, que podrá rechazarla en función de necesidades operativas o áreas críticas.
La medida se da en paralelo a otra decisión que generó cuestionamientos: la ampliación de concesiones en el Parque Nacional Iguazú. A través de la Resolución 193/2026, la empresa La Gran Aventura Náutica SRL fue autorizada a expandir su actividad en zonas cercanas a la Garganta del Diablo.
El permiso incluye nuevas áreas de operación, infraestructura y espacios comerciales, además de un embarcadero en la bahía del Salto San Martín y sectores logísticos en terrenos antes restringidos.
Las resoluciones no aclaran qué ocurrirá con los trabajadores que dejen el organismo ni si tendrán lugar en el sector privado que gana terreno dentro de los parques, lo que refuerza las críticas sobre un corrimiento de funciones públicas hacia intereses comerciales.
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