La Justicia federal habilitó el reclamo presentado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal contra dos artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
El juez Martín Cormick resolvió que la causa deberá tramitar como una acción colectiva en representación de los abogados que litigan ante la Justicia Nacional del Trabajo.
El magistrado, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, consideró que existe un colectivo afectado por las disposiciones cuestionadas y ordenó inscribir el expediente en el Registro de Procesos Colectivos. La resolución no implica todavía una definición sobre la constitucionalidad de las normas ni sobre la medida cautelar solicitada.
El reclamo apunta contra los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El primero modificó la regulación de la pluspetición inexcusable y establece que, si existe una sobreestimación objetiva de los créditos reclamados en un juicio laboral, las costas podrían ser afrontadas de manera solidaria por el cliente y el abogado que intervino.
El segundo artículo cambió el régimen de pago de las sentencias laborales y permite que grandes empresas abonen condenas en hasta seis cuotas, mientras que las pymes pueden hacerlo en hasta doce. El Colegio sostiene que esta medida puede afectar el cobro de honorarios profesionales.
El juez Cormick entendió que la presentación cumple con los requisitos establecidos por la Corte Suprema para una acción colectiva, al existir una afectación común entre los abogados alcanzados por la norma.
Además, resolvió que esta causa continúe de manera independiente de la demanda presentada por la CGT, al considerar que ambas representan intereses diferentes: la central sindical actúa en defensa de los trabajadores, mientras que el Colegio reclama por el impacto de la reforma sobre el ejercicio profesional de los abogados laboralistas.
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