La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la condena contra una institución educativa y un docente organizador por la agresión que sufrió una profesora de educación física durante un torneo intercolegial realizado en el CENARD en 2018.

El hecho ocurrió tras un partido de handball entre dos colegios privados, cuando se produjo una pelea entre alumnos.

La docente intervino para separar a los estudiantes y recibió un golpe en el rostro que le provocó pérdida de conocimiento, lesiones dentales, daños en un ojo y secuelas psicológicas.

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La Sala J de la Cámara consideró que las instituciones participantes tenían un deber de seguridad sobre los alumnos y que debían adoptar medidas para prevenir situaciones de violencia durante la actividad deportiva.

El tribunal elevó la indemnización fijada en primera instancia y estableció $18 millones por incapacidad sobreviniente, $6 millones por consecuencias no patrimoniales, $100 mil por gastos médicos y $500 mil para tratamiento psicológico.

Además, confirmó que la aseguradora citada en el expediente no debía responder, ya que la cobertura contratada excluía los daños ocasionados por alumnos mayores de edad.

Los jueces también ratificaron la responsabilidad del estudiante identificado como autor del golpe y rechazaron su versión de que había intervenido únicamente para ayudar a un familiar durante la pelea.

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