La denuncia nació de distintos organismos sociales y la comunidad educativa. El reclamo fue confirmado por dos instancias judiciales y ahora el gobierno porteño deberá acatar las medida ordenada o apelar ante el Tribunal Superior de Justicia.
Tras considerar que el acusado, quien ya se había declarado culpable en un juicio abreviado, no tenía méritos para ser absuelto, el máximo tribunal de la provincia anuló esa resolución.
“La autarquía presupuestaria del Poder Judicial para poder fijar sus políticas de manera autónoma y mejorar la respuesta del sistema de justicia a la sociedad bonaerense", dijeron desde el Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.
El CPACF y la asociación Gente de Derecho presentaron sendos amparos por la "inconstitucional creación de una nueva instancia por la Legislatura local".
Las autoridades de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal se reunieron con Soria y cuestionaron al jefe de Gobierno porteño si avanza con la promulgación de la ley de la Legislatura porteña.
La comisión de la UEJN del fuero Laboral manifestó que “semejante aberración jurídica, solo puede explicarse desde un interés político que no se detiene ante nada y solo razón en términos de poder”.
La medida es un paso más para alcanzar el expediente digital que apunta a acortar el tiempo de los procesos legales en causas sensibles de los juzgados penales de la provincia.
El presidente del Colegio de Magistrados de Junín, Juan Bazzani, brindó una entrevista a Tiempo Judicial en la que opinó sobre la actualidad judicial de la provincia de Buenos Aires.
La Asociación de Magistrados manifestó que tiene la "obligación" de acudir al sistema interamericano porque la ley “convertirá al sistema de justicia de la Capital Federal en un pandemónium de litigios derivados de la aplicación de esta ley local, ajenos a la solución jurisdiccional de los verdaderos conflictos centrales en cada caso”.
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