El procedimiento busca determinar si Aníbal Lotocki pudo haber evitado el deterioro de salud que terminó con la muerte de la actriz. La Justicia analizará los tratamientos aplicados, los controles posteriores y la evolución de las complicaciones médicas.
El expediente avanzó el fuero penal luego de incumplimientos y fue encuadrado como una situación de violencia de género en su modalidad económica. El acusado reconoció los hechos y aceptó las condiciones impuestas.
El Tribunal Oral de Lomas de Zamora encontró culpable a Hugo Daneri por la muerte de Walter Teves, quien sufrió graves lesiones tras una pelea en Glew y falleció luego de permanecer internado durante casi dos años.
La Sala I hizo lugar parcialmente a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la querella, anuló el punto de la sentencia que había rechazado la indemnización solicitada para las víctimas y ordenó al Tribunal Oral Federal de Tucumán dictar un nuevo pronunciamiento. Consideró que ese derecho no puede quedar supeditado a que las víctimas se hayan constituido previamente como actores civiles.
El fallo fue dictado tras la denuncia de una paciente que estaba internada por un parto prematuro en el hospital Durand. La Justicia consideró acreditado un trato deshumanizado y con expresiones violentas durante la atención médica, en un contexto de vulnerabilidad y desigualdad de poder.
La Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento de Rogelio Luis Nores, quien había sido investigado por presunto suministro o facilitación de drogas al excantante de One Direction. La causa continúa con dos acusados que irán a juicio.
El máximo tribunal penal revirtió la decisión que había beneficiado al intendente de La Matanza y cuestionó que Melody Rakauskas fuera apartada como querellante al considerar que no se tuvo en cuenta su “situación de indigencia letrada” y el contexto de vulnerabilidad que atravesaba.
La Justicia consideró probado que Leila Navarro ocultó un celular y otros elementos vinculados al expediente. Recibió una pena de un año y seis meses de prisión, aunque quedó en libertad por el tiempo que permaneció detenida de manera preventiva.
La jueza Karina Andrade, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 porteño, extendió por diez años una prohibición de contacto y acercamiento al considerar que el riesgo para la víctima persistía. La resolución tomó como referencia el plazo de caducidad de los efectos de una condena penal.
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