La Justicia federal avanza con la ronda de indagatorias por un esquema de supuestas maniobras en el manejo de fondos del organismo, que habría involucrado a funcionarios y empresas en operaciones por más de $75 mil millones.
Un amplio paquete de pruebas fue ordenado en una investigación que apunta a operaciones inmobiliarias en Miami, posibles sociedades interpuestas y movimientos financieros en el exterior.
El funcionario del Ministerio de Economía fue desplazado luego de que se conociera la existencia de inmuebles y sociedades en Estados Unidos que no habían sido informados ante los organismos de control.
La Sala integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó los planteos de las defensas y habilitó la ejecución de más de cien propiedades para cubrir un perjuicio estimado en $685.000 millones.
En una polémica decisión, el juez Daniel Rafecas descartó la existencia de delito tras una investigación que incluyó informes oficiales y análisis de gastos, y concluyó que el traslado no implicó uso indebido de fondos públicos.
El tribunal otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado y dejó sin efecto la medida que frenaba parte de la Ley 27.802, en un caso que enfrenta al Gobierno y la CGT.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito incorporó nuevos elementos sobre el viaje del jefe de Gabinete al Caribe, donde se detectaron pagos en efectivo por alojamiento en hoteles de alta gama y se analiza la consistencia de sus gastos con sus ingresos declarados.
La medida, presentada como “preventiva por espionaje ilegal”, suspende todas las acreditaciones y bloquea el acceso a la sede de gobierno. No tiene antecedentes equivalentes ni en democracia ni durante la última dictadura militar, y desató fuertes críticas.
El testimonio de Pablo Martín Feijoo abrió una nueva etapa en la investigación por la compra del inmueble en el barrio porteño de Caballito. Reveló un monto extra que no se conocía y que el jefe de Gabinete aún no lo pagó.
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