La Justicia investiga presunto enriquecimiento ilícito; el testigo afirmó que no hubo facturación y entregó pruebas de las obras realizadas, que incluyen una pileta y una cascada.
El tribunal confirmó que la investigación por presunto lavado vinculado a la campaña presidencial de 2019 no se trasladará a San Isidro. Sostuvo que se trata de expedientes distintos y con objetos procesales diferenciados.
La central obrera convocó a una movilización con respaldo de movimientos sociales, culturales y políticos. Anticipan una jornada “multitudinaria”, con reclamos económicos y advertencias sobre posibles nuevas protestas.
Por mayoría, los jueces dejaron sin efecto la decisión previa y devolvieron el expediente a la instancia anterior al advertir irregularidades en el trámite que comprometieron el principio acusatorio.
Por mayoría, la Cámara de la Seguridad Social ratificó una cautelar que obliga al organismo previsional a reanudar un pago mientras sigue el litigio de fondo.
Con un fuerte operativo de seguridad, presencia de todo el Gabinete y respaldo de Javier Milei, el oficialismo acompañó a un jefe de Gobierno entre las cuerdas.
El jefe de Gabinete presentó un informe ante Diputados en el que derivó la mayoría de las respuestas a la Justicia o a información reservada en plena investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia federal avanza con la ronda de indagatorias por un esquema de supuestas maniobras en el manejo de fondos del organismo, que habría involucrado a funcionarios y empresas en operaciones por más de $75 mil millones.
Un amplio paquete de pruebas fue ordenado en una investigación que apunta a operaciones inmobiliarias en Miami, posibles sociedades interpuestas y movimientos financieros en el exterior.
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