Los empresarios fueron vinculados a la situación de esclavitud que vivieron los llamados "trabajadores golondrinas", que vivían en galpones y se les retenía el documento.
El caso comenzó en el 2011 y se acusó a Daniel Bravo, que hoy es concejal de La Pampa de sus vínculos con una mujer dueña de un prostíbulo.
La justicia federal dio un paso clave en el marco de una investigación de trata de personas: el desbloqueo del celular.
La sentencia es llamativa porque la propia mujer fue quien realizó la denuncia y logró la detención y el juzgamiento del explotador, que era su propio marido.
Está señalado como líder de una asociación dedicada a la explotación para la prostitución ajena.
La acción fue realizada por el Fondo de Asistencia a las Víctimas de Trata. La reparación superó el millón de pesos para la víctima.
Tras la denuncia realizada de forma anónima a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, la justicia investigó y detuvo a los dos explotadores.
El caso se dio en la provincia de Salta. La propiedad que funcionaba como templo fue allanada y se investiga el origen del dinero y la documentación encontrada.
La Cámara lo responsabilizó por la explotación de menores de edad "como esclavos" en la localidad santiagueña de Colonia Dora y dictó su prisión preventiva.
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