Ante la ONU, ampliaron denuncia por escuchas ilegales a detenidos en cárceles argentinas

A raíz de las denuncias realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por presunto espionaje ilegal a periodistas y políticos durante el gobierno de Mauricio Macri, el abogado Alejandro Rúa amplió su denuncia ante el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán. 

Rúa es el abogado del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. En la primera presentación denunció la grabación ilegal de los teléfonos públicos en los pabellones penitenciarios federales durante la gestión anterior. Allí, relató que "en el marco de una investigación judicial federal sobre presuntas cuestiones vinculadas con el narcotráfico y que dicen que involucran a una persona (Mario Segovia) alojada en el Pabellón A del Módulo 6 del Complejo Penitenciario de Ezeiza,  se ordenó la interceptación de todas las comunicaciones, no sólo de los teléfonos públicos de ese Pabellón A, sino además la de todos los teléfonos públicos que existen en los otros Pabellones, C y D.  “Con ello se concretó, por muchos meses, la indiscriminada grabación de todas las conversaciones telefónicas de toda esa población penitenciaria”, subrayó. 

Asimismo, agregó que algunas de esas grabaciones se comenzaron luego a divulgar por los medios de comunicación masiva , aun cuando el juzgado que las había dispuesto informó que había ordenado oportunamente la destrucción de los CD que contenían tales escuchas debido a que eran ajenas al objeto procesal de la causa en investigación. 

Ante las denuncias realizadas por la AFI, el letrado amplió la presentación. En ese sentido, destacó el interés expuesto por esa Relatoría Especial por “la situación de los abogados y en particular los obstáculos para el ejercicio independiente de la profesión y las graves violaciones que padecen y el papel que deberían desempeñar los colegios de abogados en la protección de la independencia de los abogados y el fortalecimiento del estado de derecho”. 

Es por eso que solicitó nuevamente la intervención de esa Relatoría Especial con el objetivo de que “se concrete un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino respecto de las intervenciones telefónicas indiscriminadas de los pabellones penitenciarios”. 

En ese sentido, pidió que se adopten una serie de medidas. Entre ellas la remisión de toda la información que tenga sobre la violación de derechos denunciada y la destrucción de los registros de las comunicaciones amparadas por la confidencialidad de las consultas entre los abogados y sus defendidos. 

También, que se promueva y respalde la investigación “de forma eficaz, rápida, completa e imparcial”, para “la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad” y “la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones” y la “reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido” que se debe a las víctimas. 

Cabe recordar que el Relator Especial, Diego García Sayán, elaboró un informe el año pasado en el que señaló preocupación por un supuesto plan sistemático y estructural de amedrentamiento al Poder Judicial de la República Argentina por parte del Gobierno de Mauricio Macri mediante intimidaciones, traslados y designaciones ilegales de jueces.