El magistrado rechazó los pedidos de las defensas para excluir las imágenes del expediente y sostuvo que las dudas sobre su origen o posible manipulación deberán resolverse mediante las pericias técnicas ordenadas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La Cámara Federal descartó el “encubrimiento agravado”, pero sostuvo que hubo irregularidades graves en la preservación de pruebas y la dejó a un paso del juicio oral.
La defensa del exlegislador optó por la estrategia de presentar un escrito con documentación y evitar la exposición oral ante el magistrado. En paralelo, solicitó que el juez reasuma la conducción del expediente, actualmente bajo investigación por presunto lavado de dinero.
La decisión judicial limita la participación de los presuntos damnificados en el expediente que investiga el colapso de la criptomoneda promocionada por Javier Milei, al considerar que no está acreditado su perjuicio directo ni la titularidad de las billeteras virtuales involucradas.
La Sala II del tribunal hizo lugar a planteos de la defensa y advirtió que el expediente por la manipulación de los índices de inflación durante el kirchnerismo podría haber perdido vigencia penal. La decisión no es definitiva y ahora deberá intervenir la Corte Suprema.
Horacio Castagnola declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 y aseguró que nunca sufrió presiones del Poder Ejecutivo. En la misma audiencia, dos exfuncionarios de la AFIP ratificaron la existencia de facturación apócrifa en empresas investigadas.
El fiscal Guillermo Marijuan impulsÓ la medida en una investigación que analiza inconsistencias tras sucesivas rectificaciones patrimoniales y busca determinar si hubo un incremento no justificado.
Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio resolvieron que el expediente por presunto lavado vinculado a la AFA se tramite en el fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita del juzgado N°10.
El fiscal Ramiro González impulsó la causa y ordenó medidas contra autoridades para analizar patrimonios, contratos y posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.
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