El legislador porteño por el Frente para la Victoria Pablo Ferreyra presentó un proyecto de ley que busca derogar dos artículos de la ley del Código Contravencional de la Ciudad que penaliza la oferta y demanda de sexo en espacios públicos para evitar darle a las fuerzas de seguridad justificativos para “abusos, extorsión y discriminación”.

 

La iniciativa propone anular el artículo 81 del Anexo de la Ley N° 1472 como así también la cláusula transitoria del Anexo de la Ley N° 1472, del Código Contravencional de la Ciudad. El argumento central del proyecto es que la prohibición redunda “en un sistema de aplicación selectiva, persecutoria y discriminatoria”.

 

“Buscamos adecuar la normativa de la Ciudad, no sólo a los principios establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, sino también, al resto de la normativa local y a la jurisprudencia e interpretaciones establecidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, argumentó Ferreyra.

 

El legislador sostiene que “la criminalización se ha convertido para las fuerzas de seguridad en un justificativo para abusos, extorsión, discriminación, violencia institucional/social e impunidad sobre estos sectores vulnerables”.

 

Según Ferreyra “la norma contradice el derecho a la libertad individual y el principio de reserva constitucional”, como así también “no satisface el principio de lesividad”. A su juicio, la prohibición ha redundado en “un sistema de aplicación selectiva, persecutoria y discriminatoria”, al tiempo que “ha demostrado su ineficacia y su capacidad de daño”.

 

“La prohibición establecida en el artículo 81 contradice el derecho constitucional a la autonomía y el principio de reserva constitucional, contenidos en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que ‘las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados’”, agrega Ferreyra.

 

Asimismo sostiene que puede presuponerse que el justificativo de la punición puede ser la reacción de molestia, desagrado que despierten en los vecinos, y “aun considerándola injustificada como para tener la entidad tiene la entidad suficiente para configurar el daño a terceros que se debe exigir para prohibir una acción, puede resultar un factor de presión para penalizar una conducta en violación de las garantías constitucionales”. Sin embargo, agrega, se observa en los datos que solo el 0,76% de las detenciones se producen por denuncias de vecinos. El restante 99,24% fue iniciado producto de la intervención directa de las fuerzas de seguridad.

 

La iniciativa del legislador del FpV cuenta como antecedente proyectos presentados por María Rachid en 2014, Enrique Rodríguez en 2001, y Diana Maffía en 2011. Este último fue presentado en coautoría con diputados de todas las fuerzas políticas como Carolina Stanley, Diego Kravetz, Gonzalo Ruanova, Claudio Presman, María América González, Marcelo Parrilli, María José Lubertino, Gabriela Alegre, Juan Cabandié, Mateo Romeo, Adrián Camps, Julio Raffo, Fabio Basteiro, Rafael Gentili, Raúl Fernández, Sergio Abrevaya y María Elena Naddeo.