La Fundación Mujeres x Mujeres denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación a los jueces Javier Anzoategui y Juan María Rizzi, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal.
La denuncia se presentó debido a que los jueces en una sentencia dictada en el mes de septiembre del 2020 llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los profesionales de la salud que garantizaron el aborto legal de una niña víctima de violación.
“Desconocen la política pública de los Protocolos llamándolos “protocolos de homicidio parental” o “protocolo de la salvajada”, para finalmente ordenar que se investigue penalmente a los funcionarios de los distintos poderes que intervinieron en la atención integral de la niña”, enfatiza la presentación a la que accedió Tiempo Judicial. Asimismo, enmarca el accionar de los magistrados en el "desconocimiento inexcusable del derecho en el ejercicio de la magistratura", que es una causal de remoción.
En ese mismo sentido, sostiene: “Los jueces Anzoategui y Rizzi no tienen competencia para investigar conductas que no tienen reproche penal, y tampoco tienen competencia en el marco de una causa de abuso sexual de una niña víctima de violación para revisar en forma insiquisitorial la decisión legal de interrumpir el embarazo producto de una violación, mucho menos para considerar la prestación médica que asegura el derecho a decidir un delito”.
El escrito presentado ante la Comisión de Disciplina y Acusación, que preside Diego Molea, hace un exhaustivo análisis del marco normativo aplicable, los tratados internacionales y el fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Desconocer este marco de derechos, evidencia otra vez una ignorancia inexcusable de derecho propia de quien está incapacitado para ejercer la Magistratura acorde a derechos”, concluye.
La Fundación expresó que “el Poder Judicial no puede amparar esta clase de Magistrados que usa su lugar de poder para promover la violación de derechos bajo el ropaje de administración de justicia” y elaboró un formulario para las personas interesadas adhieran a la denuncia.
Por otra parte, emitieron un comunicado junto a Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en el que expresaron su repudio por la situación y destacaron que “sentencias de esta naturaleza son inadmisibles así como lo son las conductas de juezas y jueces que en lugar de velar por los derechos de niñas y adolescentes, perpetúan violencias”.
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