En un comunicado al que accedió Tiempo Judicial, casi 30 Cámaras Nacionales y Federales adhirieron al reclamo salarial que viene realizando la UEJN para que el Gobierno Nacional otorgue el presupuesto para el incremento otorgado por la Corte.
Un total de 29 cámaras nacionales que a continuación nombramos se expresaron a favor de la postura que mantiene la UEJN, de Julio Piumato, que reclama desde abril que se modifiquen las partidas presupuestarias para otorgar el incremento salarial a todo el Poder Judicial, es decir jueces, defensores, fiscales y empleados judiciales.
En el comunicado, los jueces y juezas firmantes expresaron que “el orden constitucional debe prevalecer por sobre emergencias económicas coyunturales, por lo que la independencia del Poder Judicial no puede quedar sujeta a diferentes grados de autonomía presupuestaria, ni pueden permitirse interferencias –de cualquier índole- que desde los otros poderes estatales se ejerzan sobre su normal funcionamiento”.
En este sentido, los magistrados firmantes que adhieren al reclamo que aún hoy movilizó al gremio en los pasillos del Palacio de Tribunales reafirmaron “que en un Estado Republicano de Derecho, la autonomía del Poder Judicial integra las garantías fundamentales de los ciudadanos y de la sociedad, constituyendo un aspecto relevante de esa garantía, la necesidad de asegurar su autarquía financiera”.
Ellos son la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social; Cámara Nacional Electoral; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca; Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia; Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes; Cámara Federal de Apelaciones de General Roca; Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza; Cámara Federal de Apelaciones de Paraná; Cámara Federal de Apelaciones de Posadas; Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia; Cámara Federal de Apelaciones de Salta; Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán –por decisión unánime- y, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Cámara Federal de Casación Penal; Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal; Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario –por decisión mayoritaria-.
La Corte Suprema adhirió la semana pasada al reclamo salarial de la UEJN que pide a la jefatura de Gabinete que modifique las partidas presupuestarias para otorgar el incremento salarial a todos los integrantes del Poder Judicial nacional y federal. Esta medida no incluye a la justicia bonaerense ni a las justicias provinciales ubicadas en el interior del país. La Corte reiteró a través de un nuevo oficio el pedido de acuerdo salarial con el gremio por considerar que no han recibido respuesta por parte del Jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi.
“Por lo expuesto, se reitera el pedido en el sentido que se disponga de las modificaciones en las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios, a efectos de otorgar un nueve por ciento (9%) de incremento salarial a partir del 01 de abril de 2023, un nueve por ciento (9%) de incremento salarial a partir del 01 de mayo de 2023 y un nueve por ciento (9%) de incremento salarial a partir del 01 de junio de 2023, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación”, completa.
Por último, el comunicado de las 29 cámaras nacionales y federales que nuclean a jueces de todo el país expresaron que a nivel salarial existe una "inequitativa situación entre quienes integramos el Poder Judicial respecto del sector público nacional, escenario que se proyecta a los Ministerios Públicos y jurisdicciones provinciales" y que "para evitar que se vulnere la asignación legal de competencias, la seguridad jurídica y el respeto entre los distintos poderes estatales con la consiguiente crisis que esta situación podría acarrear, instamos a la reflexión y estricto apego a las disposiciones contenidas en los arts. 1, 109, 110 y 120 de la C.N. a los fines de no alterar el marco institucional necesario para asegurar la función e independencia del Poder Judicial de la Nación".
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