Esta mañana se sorteó en Comodoro Py la primera denuncia penal relacionada con los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos, que quedó a cargo del juez Daniel Rafecas. Minutos después ingresó una segunda presentación, que recayó en la jueza María Eugenia Capuchetti.
La primera denuncia, presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, apunta a Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación, y a Juan Ernesto Curuchet, superintendente del BCRA, por presuntos delitos de “defraudación por administración fraudulenta”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
La segunda, impulsada por la diputada Mónica Frade junto al legislador Esteban Paulón, incluye también a beneficiarios de los créditos como Federico Furiase, Felipe Núñez, Pedro Inchauspe y diputados de La Libertad Avanza.
El Gobierno defendió los préstamos durante el fin de semana. El canciller Pablo Quirno sostuvo que “las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco”, y que los créditos no involucran dinero de los contribuyentes.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó a sus funcionarios: “No tienen ventaja respecto del resto”.
Entre los casos más destacados se encuentran los de Núñez ($373 millones), Furiase ($367 millones) e Inchauspe ($510 millones), todos respaldados con garantías hipotecarias.
El episodio derivó en la baja de Leandro Massaccesi, jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, aunque desde el Gobierno afirmaron que su salida no estaba vinculada al crédito.
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