En una jornada legislativa que se extendió por más de 10 horas, el oficialismo consiguió que la Cámara de Diputados aprobara la reforma de la Ley de Glaciares, con 137 votos positivos, 111 negativos y tres abstenciones.
La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza fue respaldada por el PRO, la UCR y los bloques provinciales y rechazada por casi todos los legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, y la Coalición Cívica. En cuanto a Provincias Unidas, su bancada se dividió.
LA SESIÓN
La Cámara de Diputados inició este miércoles el debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción. La iniciativa propone modificar el régimen actual de protección ambiental y permitir cuestionadas inversiones en minería e hidrocarburos, en un intento por dinamizar la economía y atraer capitales.
El proyecto redefine el alcance de la ley vigente desde 2010, que establecía protección total sobre glaciares y zonas periglaciares, prohibiendo actividades extractivas.
Entre los cambios principales, la reforma contempla la protección selectiva de glaciares estratégicos para el abastecimiento de agua, mientras que las zonas periglaciares dejarán de estar protegidas automáticamente y dependerán de estudios técnicos específicos.
También se habilitarán actividades productivas en áreas antes restringidas. Las provincias podrán decidir qué áreas proteger y qué proyectos aprobar, mientras que el Inventario Nacional de Glaciares pierde su carácter vinculante, trasladando el control a autoridades locales.
El oficialismo y gobernadores de provincias mineras respaldan la reforma como una vía para destrabar inversiones paralizadas por la normativa actual.
En cambio, la oposición y organizaciones ambientales alertan que la flexibilización podría debilitar la protección de glaciares y afectar reservas estratégicas de agua dulce, generando criterios dispares y reduciendo los estándares de control.
La votación en Diputados se perfila como un punto clave para la minería argentina. De aprobarse, el nuevo marco regulatorio permitiría inversiones de gran escala y reconfiguraría el mapa productivo en varias provincias pero tensiona el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado ambiental.
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