El gobierno de Javier Milei dispuso la prohibición total del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en el marco de una medida que justificó como “preventiva por el espionaje ilegal”, tras una denuncia impulsada por la Casa Militar.
Según fuentes oficiales, “se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, lo que derivó en la suspensión de todas las acreditaciones vigentes. La decisión implica, además, dejar sin efecto la prórroga otorgada hasta abril mientras se avanzaba en un nuevo sistema de acceso.
El Ejecutivo sostuvo que la orden provino de la Casa Militar, a cargo del general Sebastián Ibáñez, y que el ingreso permanecerá bloqueado hasta completar un nuevo empadronamiento de la prensa.
Sin embargo, la medida generó fuertes cuestionamientos por su alcance inédito: no existen registros de una decisión similar ni en períodos democráticos ni durante la última dictadura militar, cuando la actividad periodística en Casa de Gobierno nunca fue completamente cerrada de manera generalizada, lo que marca un hecho sin precedentes en la historia institucional reciente del país.
El periodista acreditado Alejandro Gomel describió un escenario de control directo en el acceso: “Hay gente de Casa Militar con una carpeta con la lista de todos los acreditados… no me pasó nunca en 20 años”.
La resolución se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la prensa, con reiterados ataques verbales del Presidente hacia periodistas y medios de comunicación.
Además, en las últimas semanas ya se habían registrado restricciones parciales a acreditaciones vinculadas a investigaciones periodísticas.
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