En un encuentro realizado por la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina y el Instituto Fray Bartolomé de las Casas se advirtió sobre la expansión de los juicios abreviados, la concentración del poder punitivo y tensiones en las garantías del proceso penal.
Distintos magistrados, académicos e investigadores analizaron el funcionamiento del sistema penal acusatorio y coincidieron en que su implementación en Argentina derivó en efectos no previstos, especialmente vinculados al rol de los jueces y al uso extendido de mecanismos abreviados.
La jueza Natalia Ohman señaló que las reformas, aunque surgieron como respuesta democrática, “terminaron muchas veces produciendo nuevas formas de concentración del poder punitivo en el Ministerio Público Fiscal”, y alertó sobre el debilitamiento del control judicial en contextos de desigualdad estructural.
En una de las intervenciones centrales, el juez Adrián Martín presentó la exposición de Eugenio Raúl Zaffaroni, quien describió el escenario como una “catástrofe institucional”, cuestionó la falta de coordinación jurisprudencial y advirtió sobre la expansión de los abreviados, definidos como formas de producir “condenados sin juicio”.
Desde una perspectiva empírica, el juez e investigador Mariano Sicardi indicó que entre el 85% y el 90% de las condenas en varias provincias se dictan mediante juicio abreviado, fenómeno que calificó como una creciente “administrativización” del proceso penal.
La jueza Leticia Lorenzo sostuvo que un sistema acusatorio requiere una “jurisdicción fuerte”, aunque aclaró que esto no implica volver a un modelo inquisitivo. También advirtió que “muchos problemas del abreviado reflejan fallas previas del sistema” y señaló el impacto de la prisión preventiva como factor de presión.
Por su parte, la jueza Ligia Duca describió desigualdades en la etapa de ejecución penal y afirmó que muchas decisiones se toman para “recuperar la libertad o evitar litigar”, condicionadas por la prisión preventiva.
El juez Rodrigo Morabito cuestionó el nuevo régimen penal juvenil por supeditar decisiones a la “conformidad fiscal”, mientras que la jueza Viviana Cukla advirtió sobre la concentración institucional y sus efectos sobre la independencia judicial.
El cierre estuvo a cargo del juez y presidente de la red, Mario Velázquez, quien llamó a sostener espacios colectivos de debate y advirtió sobre las presiones políticas e institucionales. En el intercambio final, se reiteró la idea de que el desafío central es preservar el rol de los jueces como garantes del control constitucional del proceso penal.
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