En el marco del ciclo de conferencias de la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina, se llevó a cabo una disertación que analizó las tensiones entre la tecnología y las garantías constitucionales. La conferencia, presentada por la Red y facilitada por el vínculo académico con el profesor Gabriel Iñaki Anitúa, estuvo a cargo de Ana Clara Pieschestein, abogada, criminóloga y docente en la Universidad Nacional de José C. Paz y la Universidad Nacional de Quilmes. El encuentro partió de una premisa fundamental compartida por la magistratura local: la necesidad de examinar cómo la digitalización forzada por la pandemia, que obligó al Poder Judicial a abandonar su zona de confort institucional, ha derivado en una adopción acelerada de herramientas tecnológicas que ahora exigen una vigilancia crítica y democrática. La experta propuso escudriñar estas herramientas no solo como avances técnicos, sino como dispositivos que reconfiguran el ejercicio del poder punitivo en el siglo veintiuno.
Bajo una perspectiva de criminología crítica, se planteó que los algoritmos actuales no representan una ruptura total con el pasado, sino una sofisticación de lógicas de control que se remontan a la escuela positiva italiana de Lombroso y Ferry. Pieschestein sostuvo que la noción decimonónica de peligrosidad ha mutado hacia la actual criminología actuarial, un fenómeno analizado por autores fundamentales como Jonathan Simon y Malcolm Feeley bajo el concepto de la nueva penología. Este paradigma desplaza el enfoque desde la responsabilidad individual hacia la gestión estadística de grupos considerados de riesgo, consolidando una cultura del control donde la prioridad es la incapacitación selectiva de poblaciones vulnerables. En este contexto, la disertante advirtió sobre una preocupante transición global desde un Estado de Derecho hacia lo que denominó un Estado de Derecha, caracterizado por el debilitamiento de las salvaguardas individuales en favor de un sistema de seguridad pública que trata al justiciable como un objeto de gestión y no como un sujeto de derechos.
Esta lógica se materializa en implementaciones institucionales concretas que ya operan en fuerzas de seguridad y sistemas penitenciarios a nivel global. El análisis destacó casos de vigilancia extrema, como el modelo de hipervigilancia en El Salvador o las prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos, donde se utilizan sistemas de reconocimiento facial y conteos automatizados de recursos humanos para optimizar la vigilancia. Pieschestein detalló el uso de dispositivos de monitoreo predictivo, como cámaras con inteligencia artificial que detectan patrones de movimiento o mapas de calor para prevenir conflictos en tiempo real. Asimismo, en el ámbito policial, se examinó el sistema Comstat y la generación de mapas de calor para la asignación de patrullas. Estos mecanismos, aunque se presentan bajo una pátina de objetividad técnica, corren el riesgo de profundizar la selectividad penal al basarse en datos que ya contienen sesgos históricos, reforzando la criminalización de los mismos sectores de siempre bajo la promesa de una eficiencia deshumanizante.
En cuanto a la toma de decisiones judiciales, la implementación de algoritmos plantea el desafío de la opacidad técnica, conocida como el fenómeno de la caja negra. La mayoría de los sistemas predictivos utilizados en la justicia penal, como se ha visto en reformas en Estados Unidos, operan con códigos cerrados propiedad de empresas privadas, lo que impide el control público sobre el razonamiento que conduce a un puntaje de riesgo. Frente a esto, Pieschestein destacó experiencias locales argentinas que ofrecen una vía alternativa, como el Juzgado 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha utilizado inteligencia artificial de código abierto para la anonimización de sentencias, o los avances en las provincias de San Juan y La Pampa para la identificación de líneas jurisprudenciales. Es fundamental distinguir estos usos administrativos de la automatización de decisiones sobre la libertad. Al respecto, se enfatizó que, a diferencia de los modelos algorítmicos, sistemas como los indicadores de riesgo de letalidad de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte o los utilizados en el Programa Acompañar deben seguir siendo herramientas de apoyo humano e interdisciplinario, evitando que un puntaje automatizado reemplace la valoración clínica y jurídica en temas tan sensibles como la violencia de género o la libertad condicional regulada por el artículo 13 del Código Penal y la ley 24.660.
A modo de conclusión, la conferencia reivindicó una resistencia humanista que preserve la sana crítica judicial frente al avance de la automatización. El fortalecimiento institucional del Poder Judicial depende de recuperar la oralidad, la inmediación y la fundamentación pública de las sentencias como actos republicanos inalienables. Si bien la inteligencia artificial puede ser un aliado valioso para la gestión estadística, la transparencia y la comunicación con la ciudadanía, nunca debe sustituir la labor del juez como garante último de la dignidad del justiciable. La mirada interdisciplinaria y el contacto directo con la realidad del proceso son las defensas fundamentales contra un sistema que, en nombre de la eficacia, pretenda reducir la complejidad de la justicia a un mero procesamiento de datos, asegurando que la tecnología sea siempre un apoyo instrumental y no un reemplazo del juicio ético y razonado que exige el Estado de Derecho.
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