Un hombre, imputado y detenido por el homicidio de su pareja, fue ratificado como culpable de amenazas y hostigamiento a la víctima, posteriormente asesinada, y deberá cumplir la condena de 4 años y 5 meses de prisión efectiva, en el marco de la causa por violencia de género. Mientras tanto, la investigación por el femicidio sigue en trámite. 

 

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires dejó firme el fallo de primera instancia, por el voto mayoritario de los jueces Marta Paz y Jorge Franza. 

 

La víctima, que vivía con el imputado y su hija de una pareja anterior, había denunciado al acusado en varias oportunidades. Ante la Oficina de Atención a la Víctima y al Testigo (OFAVyT) y la Policía contó que el hombre la amenazaba y hasta la encerró en su domicilio, dijo que tuvo "miedo a que la matara". En paralelo, varios vecinos llamaron de forma independiente al 911. 

 

Los camaristas consideraron a la hija de la mujer asesinada una "víctima de los hechos y de la stuación de violencia". Además, remarcaron que la menor no recibió ningún tipo de asistencia ni tratamiento de parte del Estado. "Se le debe otorgar de por vida y de forma gratuita, tanto a ella como así también a su grupo familiar por consanguinidad o afinidad, o a otros miembros de la familia o de la comunidad, asistencia médica y psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres”, resolvieron los jueces. 

 

Por su parte, el camarista Sergio Delgado en su voto, propuso “hacer lugar parcialmente al recurso de la defensa” y “declarar la incompetencia para el juzgamiento del delito de privación ilegítima de la libertad (art. 141 del C.P.) en favor de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción de esta ciudad”, a la vez que “imponerle una pena única de dos años de prisión de ejecución condicional”.

 

El fallo de primera instancia fue en abril pasado, de acuerdo a lo dispuesto por la jueza Natalia Molina, titular del juzgado N° 8 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.