“La causa Brigadas fue armada con apoyo político”, dijo el abogado querellante por parte de la asociación civil Memoria Activa, Rodrigo Borda, en el segundo tramo de la presentación de su alegato final en el juicio que investiga las acciones judiciales y políticas que impidieron el esclarecimiento del atentado a la AMIA, perpetrado el 18 de julio 1994 con 84 víctimas fatales.
La querella expuso ante el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Karina Rosario Perilli y Néstor Guillermo Costabel, las razones por las que considera culpables a los trece imputados en la causa por encubrimiento, lista que incluye al ex presidente Carlos Menem, al ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, al ex juez federal Juan José Galeano y a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
Borda, acompañado de Diana Malamud, integrante de Memoria Activa, fundamentó por qué se trató de un “armado” la llamada causa Brigadas que tramitó en paralelo a la causa principal hasta 1999. La investigación inició en octubre de 1994 como una causa paralela en conexidad con la causa 1156 del atentado.
La querella en el primer tramo del alegato, el lunes pasado, dijo que los trece imputados "no lo hicieron por negligencia o ineptitud”. “La participación que les atribuimos es dolosa porque fueron actos deliberados. Por eso, no los acusamos por lo que hicieron sin querer sino por lo que hicieron deliberadamente”, manifestó.
Para Memoria Activa, el accionar delictivo de los imputados se sintetiza principalmente en el pago ilegal a Carlos Telleldín con dinero del Estado para que mintiera en su declaración contra culpables falsos y el desvío de la pista que vinculaba con el atentado a un allegado a la familia del entonces presidente Menem.
"¿Por qué Galeano armó una causa paralela y no un legajo en la causa por el atentado? No pudo explicarlo", manifestó el abogado. Según Borda, el ex juez inició la causa Brigadas para que declarasen los testigos imputados en la causa principal. "Es burdo: eran imputados y testigos. Es un síntoma de la impunidad que tuvieron", dijo ante el tribunal.
Borda argumentó que Galeano hizo la causa paralela "para conseguir elementos de forma espuria para la pista policial con complicidad de los fiscales Mullen y Barbaccia", y rechazó así el desistimiento de solicitar penas para los ex fiscales en el alegato de parte de los abogados de la Unidad AMIA, dependiente del Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano.
El letrado remarcó que "el poder y la impunidad" que tenía Galeano duraron hasta varios años después del atentado. En 1998, la Sala 1, "que era bastante condescendiente" con el ex juez, le pidió que acumulara las dos causas, es decir que uniera la pista policial a la causa principal, y Galeano no acató. "Eso es impunidad. Tenía respaldo político", afirmó el letrado. Recién el 17 de mayo de 1999 Galeano ordenó la acumulación de las causas.
Borda explicó que en el "armado" de la causa Brigadas fue muy importante la designación de Ramón Verón para averiguar la vinculación de Telleldín con la Policía bonaerense, particularmente con las brigadas de Vicente López y de Lanús. Esta causa paralela tenía como hipótesis central que a la Trafic se la llevaron efectivos policiales días antes del atentado.
Entre las inconsistencias que enumero el querellante, se encuentra la falta de vinculaciones previas entre Telleldin y la brigada de Lanús. El primer vínculo ocurrió cuando Galeano solicitó un informe para investigar la conexión el 28 de junio de 1995. Al mes, Telleldín, quien ya había declarado en 1994 y no había nombrado a la brigada de Lanús, dio una entrevista al diario Página 12 e hizo referencia a la conexión policial.
La falta de vinculaciones previas se repite en el caso de la por entonces concubina de Telleldín, Sandra Petrucci, quien no había nombrado a la brigada de Lanús en su declaración de 1994. Pero sí lo hizo en su declaración de 1995, cuatro meses después de que Galeano comenzará a investigar esa supuesta conexión.
Borda tomó las declaraciones del ya fallecido jefe de la Policía Bonaerense Ramón Verón ante el Tribunal Oral 3 que decía que “no recordaba” cómo había comenzado a investigar la conexión policial. Para la querella de Memoria Activa, Verón “no actuó por su cuenta”, sino que se trató de un “armado arquitectónico” entre él, Galeano y el ex capitán del ejército Héctor Vergez.
Por otro lado, el abogado arremetió contra la finalidad de la causa: “Nada de lo que investigó Verón permite acreditar que el 10 de julio de 1994 la Trafic se la llevaron los policías, salvo la declaración comprada a Telleldín y su entorno”.
“El fin de la causa era generar pruebas de cargo para el desarrollo de la pista policial con ayuda de los fiscales Mullen y Barbaccia”, agregó. Y remarcó que como funcionarios judiciales “validaron la causa virtual” a pesar de que no tenían competencia en delitos comunes (como los que se juzgaban en la causa Brigadas) y que realizaron “aportes activos” al encubrimiento.
Borda tomó otro argumento contra la validez de la causa Brigadas de la declaración de Rodrigo Toranzo, abogado de Anzorreguy, quien aseguró que “la pista policial no fue organizada por la SIDE, sino que la acercó Galeano”.
El próximo jueves 22 de marzo de 10 a 14 se realizará el último alegato de Memoria Activa en la Sala AMIA en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
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