El poder judicial decidió habilitar cuatro distritos para la prestación del servicio de justicia en la emergencia por razones sanitarias, durante el período comprendido entre los días 25 de mayo y 7 de junio, inclusive, ambos de 2020.
En una región que tiene hoy 463 casos positivos, 29 muertos y en fase 4, el gremio judicial y los abogados reclaman medidas para que la Justicia vuelva a funcionar. La ciudad de Córdoba permanece en “stand-by” cuando el resto de los distritos judiciales ya retomó la actividad judicial.
La ciudad capital es la única que aún no retomó su actividad pero es la que contiene mayor cantidad de edificios judiciales y mayor concentración y circulación de gente en los tribunales.
No obstante, habilitó la prestación del servicio de justicia de modo presencial en las sedes judiciales ubicadas en las ciudades Alta Gracia, Jesús María, Río Segundo y Villa Carlos Paz, en un todo conforme con el “Protocolo de actuación y recomendaciones generales para servicio presencial de justicia en la provincia de Córdoba durante la emergencia sanitaria por COVID-19”, aprobado recientemente por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la Provincia de Córdoba, según informó a Tiempo Judicial el TSJ provincial.
El acuerdo del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba también ratifica la prestación del servicio de justicia de modo presencial en las sedes judiciales de Arroyito, Bell Ville, Corral de Bustos, Cosquín, Cruz del Eje, Deán Funes, Huinca Renancó, Laboulaye, La Carlota, Las Varillas, Marcos Juárez, Morteros, Oliva, Río Tercero, Río Cuarto, San Francisco, Villa Cura Brochero, Villa Dolores y Villa María.
Están diseñando protocolos sanitarios, la desinfección de los expedientes en papel, pero un grupo de abogados ya lanzó una convocatoria, con caravana y bocinazo incluido para mañana a las 12, frente a los edificios de Tribunales 1 y 2 porque entiende que la “Ciudad de Córdoba” también podría volver con la actividad presencial en los tribunales.
El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura, pidió por la “rehabilitación de los plazos procesales”, la “sustitución de una casilla única de correo” que concentre todas las presentaciones, y que se habiliten las casillas de cada juzgado para que los abogados tomen contacto directo con los juzgados. Así como la profundización del “uso de las herramientas tecnológicas y el teletrabajo”.
En tanto, la Asociación de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) realizó hoy y se extenderá a mañana una medida de fuerza contra la reforma jubilatoria y en reclamo por la deuda salarial. Criticó que la administración General del Poder Judicial informó, alrededor de las 17 horas del 25 de mayo, que incorporará “al básico el 10% de aumento de diciembre de 2019 a partir del mes de junio”.
“Esta decisión de la patronal nada dice sobre los retroactivos debidos de sendos tramos de 10% ordenados a fin de año, de manera que la deuda con sus trabajadores y trabajadoras sigue siendo enorme aunque con la incorporación al básico dejará de acrecentarse”, explicó el gremio en un comunicado criticando la medida y agregando que “sin embargo la misma se mantiene, por los retroactivos debidos, contra la amenaza constante de bajas de contratos, el recorte jubilatorio y la eliminación del receso de julio 2020”.
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