La decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, fue procesada por la Justicia federal acusada de la omisión de sus deberes como funcionaria pública por no investigar al docente “millonario” Luis Olmedo que está preso cobrarle a sus alumnos para aprobar su materia en la carrera de Odontología.
Un escándalo de proporciones se desató la semana pasada cuando el juez federal Nº 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, procesó a la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, bajo la figura de omisión de deberes de funcionario público, ya que la funcionaria universitaria no investigó las acusaciones que pesaban sobre un docente, que presuntamente obligó a los alumnos y alumnas a hacer un cursos en su instituto privado para aprobar la materia de Microbiología donde era titular de cátedra.
A su vez, el mencionado docente de Luis Augusto Olmedo está procesado, con prisión preventiva, por el delito de extorsión continuada, artículos 168 y 54 del Código Penal, junto a sus cómplices, Adrián Oscar Casalis y Augusto Massimino. El docente y dos cómplices también están procesados por extorsión y fueron embargados por 5 millones de pesos cada uno.
Estos últimos sujetos fueron quienes durante distintos periodos de tiempo tuvieron a cargo el instituto privado en donde los estudiantes eran obligados a pagar un curso para acceder a apuntes de la cátedra y se les facilitaba las preguntas que posteriormente Olmeda realizaba en sus exámenes.
La investigación del fiscal federal Maximiliano Hairdabedian, que derivó en los procesamientos ordenados por Bustos Fierro, confirmó a prima facie y a partir de numerosos testimonios y documentación secuestrada, que entre el 2000 y el 2020 los estudiantes de la carrera se veían obligados a concurrir la instituto y que quienes no lo hacían sufrían, a su vez, de reiterados aplazos a la hora de rendir la materia. Muchos dejaron la carrera como resultado de esta situación.
En el auto de procesamiento al que accedió Tiempo Judicial, el juez además estableció que “el patrimonio de Olmedo -solo en propiedades inmuebles- asciende a un total de once inmuebles, que por su ubicación y valor de cada uno de ellos, resulta un indicio claro de que el origen de los mismos podría tratarse de sumas de dinero obtenidas en forma ilícita a través de la “Academia” (las comillas son nuestras, NdR), lo que debe dar lugar a una posible investigación por lavado de activos de origen delictivo”.
“Puede claramente advertirse que ese cúmulo patrimonial, no se condice con su actividad de docencia, en la que declaró que gana mensualmente unos ciento veinte mil pesos ($ 120.000), sería palmariamente evidente que con dicho ingreso no podría haber incrementado su patrimonio de la manera que refleja su situación tributaria”, explica el documento.
Por su parte, la decana Spadiliero de Lutri habría obrado en incumplimiento de sus funciones porque no ordenó que se realicen sumarios ante las denuncias que generaban de manera formal e informal en su ámbito de gobierno. Por eso, el juez entiende que la decana actuó de forma dolosa “en pruebas y fundamentos, que tal vez individualmente considerados no alcanzan para tipificar el delito, pero cuando confluyen y se los analiza en conjunto permiten acreditar, con grado de probabilidad la imputación”.
El juzgado dictaminó también que los hechos atribuidos a Olmedo constituirían actos de corrupción administrativa, violencia institucional y de género “que el Estado argentino se ha comprometido internacionalmente a perseguir eficazmente”, según las convenciones de Caracas y de Belem do Pará.
Accionar delictivo
Según la investigación, desde el año 2000 aproximadamente hasta la actualidad, Olmedo, profesor Titular de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, abusó de la función que desempeñaba, “persiguiendo la obtención de un beneficio económico ilegítimo. Incumpliendo los deberes a su cargo, acordó primero con Adrián Casalis y luego con Augusto Massimino, un aceitado, insidioso, perverso y exitoso sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a pagar para aprobar los exámenes de la materia, exigiéndoles el pago de una suma de dinero y la simulación de un curso, bajo amenaza que, de no hacerlo, en muchos casos serían aplazados indebida y arbitrariamente indeterminada cantidad de veces”.
En el procesamiento, el juez deja establecido que “la intimidación era ejercida principalmente por Olmedo, combinando las siguientes características para generar miedo: aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a los que no pagaban la academia o filtraran información del sistema; ejercicio despótico del cargo; maltrato; imagen de persona influyente e impune, aprovechamiento de la asimetría existente entre su posición dominante de poder respecto a la vulnerabilidad e indefensión de los alumnos que estaban sometidos a su voluntad con la pasividad de las autoridades de la Facultad”.
“Así -continua el escrito-, Olmedo infundía un temor generalizado en el alumnado, que se fue consolidando con el tiempo y resultó altamente efectivo para doblegar la voluntad de los estudiantes a fin de que entregaran su dinero”.
Y agrega: “desde el año 2000 hasta el 2015 ó 2016 aproximadamente, la pseudo academia estuvo a cargo de Adrián Oscar Casalis, bajo el nombre de “AOC” (Apoyo Odontológico Córdoba)”. “No se trataba de un centro de enseñanza, solo tenía la fachada de tal, ya que el encargado de dar las ‘clases de apoyo’ no tenía la menor idea del contenido de la materia, menos de odontología y se limitaba a darles a los asistentes el material que luego Olmedo les tomaría en exámenes”.
“Casalis habría recibido el pago de parte de una innumerable cantidad de alumnos, vía transferencia bancaria en contadas ocasiones o mayormente en efectivo, entregándoles a veces como constancia de pago un simple recibo de librería, demostrándose así una informalidad pasmosa. Los pagos representaban importantes sumas de dinero que se iban actualizando año a año -lo cual hacía que muchas personas no pudieran acceder jamás-, valores que variaban dependiendo si el alumno cursaba o rendía como regular o libre”, sostiene Busto Fierro.
A su vez, Augusto Massimino habría cumplido el mismo rol desde 2016 a la fecha de las detenciones reemplazando a Casalis para continuar con el proceso extorsivo.
Omisión de investigación interna
Por otro lado, el juzgado federal º1 de Córdoba, apuntó contra la máxima autoridad de la Facultad de Odontología de la UNC al dejar asentado que “desde el 27 de junio de 2014 hasta el 11 de septiembre de 2020, Mirta Spadiliero de Lutri , no ejecutó el deber que le imponía el artículo 177 del CPPN inc. 1º, consistente en la obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o promover actuaciones administrativas disciplinarias. Sabiendo que ( …) Olmedo podía estar involucrado en maniobras de exigencias dinerarias para aprobar la materia, la Decana intencionalmente evitó anoticiar los hechos a la autoridad competente u ordenar la investigación interna”.
Y aseguró que la funcionaria “durante ese extenso período de tiempo, intencional e ilegalmente incumplió el deber de iniciar una información de sumaria o sumario administrativo al mencionado titular por las presuntas inconductas ya referidas, como así también un historial de maltrato a alumnos y docentes, discriminación a mujeres, arbitrariedad en la evaluación con criterios ajenos al mérito y rendimiento académico, de acuerdo al deber que correspondía en virtud de los artículos 2, 3, 76 incs. a y b y 83 de la ordenanza 9/12 del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba”.
Embargos
En consecuencia, tras el procesamiento, Bustos Fierro trabó embargo sobre Luis Augusto Olmedo, Adrián Oscar Casalis, Augusto Massimino por cinco millones de pesos, en tanto para Mirta Mónica Spadiliero de Lutri el embargo alcanzó trescientos mil pesos ($ 300.000) “o en su defecto inhibirlos de su libre disposición por igual monto”.
* El autor Guillermo Posada ejerce el periodismo desde fines de los '90 en Córdoba, trabajando para medios locales y nacionales, con especial dedicación a temas políticos, gremiales y judiciales.
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