El Equipo latinoamericano de Justicia y Género y la organización activista Mujeres por Mujeres denunció al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, tras la resolución que tomó el juez en el mes de junio al declarar como inaplicable la Ley 27.610, la cual garantiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio nacional.
“Consideramos que este activismo judicial, conservador, nada tiene que ver con la laicidad que requiere el derecho en un orden democrático, es nocivo para las instituciones, pero al mismo tiempo devela una ignorancia grave de derecho”, señaló Soledad Deza, denunciante e integrante del equipo y de la organización Mujeres por Mujeres.
Asimismo, explicó la denuncia a la que accedió Tiempo Judicial se realizó “por la forma en la que interpreta la legitimación activa, por las valoraciones que hace acerca de la controversia de casos judiciales y por sobre todo porque desconoce los principios republicanos y de división de poderes que están en el articulo 116 de la Constitución y que están validados por la Corte”.
“Se le impide al Poder Judicial discusiones legislativas que fueron consensuadas de forma democrática en el Gobierno”, aclaró.
“El juez consideró que un aborto afecta la vida intrauterina, entonces cualquier ciudadano podría erigirse en representación de la vida intrauterina para impugnar la autonomía”, resaltó sobre el caso y señaló que “si se utiliza ese argumento, le reconoce al demandante la capacidad procesal de erigirse como representante de la vida”.
En tanto, destacó que “la Cámara Federal de Mar del Plata dio vuelta ese fallo, y con un tirón de oreja, porque le dijo que desconoce el derecho”, y subrayó: “Como organización nos parece importante que ese tipo de activismo judicial sea escrutado por quienes tienen cometidos constitucionales para eso que es el Consejo de la Magistratura”.
“No se puede livianamente utilizar como trinchera activista al rol judicial”, concluyó Soledad.
En la denuncia realizada se afirmó que “resulta evidente que el Juez López ha incurrido en la causal de mal desempeño que amerita la remoción de su cargo como juez federal”, y se aseveró que “se verifican las causales de desconocimiento inexcusable del derecho y de realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”.
También, consideraron que “estos actos quedan de manifiesto al haber modificado de oficio la legitimación invocada en la demanda, no haber realizado un análisis serio y exhaustivo de la existencia de interés judicial suficiente del actor para accionar, haber dictado una medida cautelar fundamentando de forma aparente la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora”.
“Todo esto -el accionar judicial- en abandono de su deber de imparcialidad y de su rol de garante de la igualdad de armas en el proceso”, concluyó la denuncia a la que accedió Tiempo Judicial en exclusiva.
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