Ante la crítica situación que atraviesa el sector de discapacidad por el recorte de partidas presupuestarias que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, organizaciones de derechos humanos y asociaciones que representan a las personas con discapacidad, presentaron una denuncia formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El reclamo se presentó ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la organización mundial, y busca garantizar el acceso a la salud, planes de rehabilitación y asistencia, que la gestiona libertaria recortó como parte de su plan de ajuste al Estado y sobre todo a la salud pública.
La denuncia presentada ante la ONU advierte que a fines del año 2024, el Gobierno nacional modificó por decreto (843/2024) los requisitos para el otorgamiento de pensiones por discapacidad, que permiten acceder a una pensión no contributiva por “invalidez laborativa”. Este cambio implicó un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina, “poniendo en grave riesgo el acceso a derechos básicos por parte de un grupo altamente vulnerado”.
Desde entonces, el incremento de los requisitos para el otorgamiento de las pensiones, según sostiene la demanda, deriva en una restricción para acceder a las mismas. Y es, además, un retroceso que “ignora deliberadamente los postulados del modelo social de la discapacidad y del enfoque de derechos humanos, reinstaurando una mirada patologizante, capacitista y discriminatoria”.
La presentación fue realizada por asociaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional; La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
Los organismos además sostienen que al recorte en las pensiones, el sector atraviesa una crisis sin precedentes por el ajuste económico que lleva adelante la gestión Milei. Por lo que el próximo jueves 5 de junio, convocaron a una movilización al Congreso Nacional para reclamar que se declare por ley la emergencia en discapacidad.
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