La investigación judicial sobre el uso irregular de anestésicos hospitalarios tiene hasta ahora a dos imputados: Hernán Boveri, exmédico del área de Anestesiología del Hospital Italiano, y Delfina Lanusse, residente de tercer año en la misma especialidad.
Los dos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera y el juez Javier Sánchez Sarmiento, en una causa que busca determinar cómo medicamentos de uso restringido habrían salido del hospital y terminado en ámbitos privados para consumo recreativo.
El expediente comenzó el 23 de febrero tras la denuncia por faltante de anestésicos, a pocos días de la muerte de Alejandro Zalazar, anestesista hallado sin vida en Palermo en lo que se presume fue una sobredosis de propofol y fentanilo. En su domicilio se encontraron fármacos y elementos de inyección que pertenecían al circuito interno del hospital.
El avance de la causa incluyó allanamientos el 12 de marzo realizados por la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad, que confirmaron el origen hospitalario de los anestésicos. La Justicia también impuso medidas restrictivas a los imputados, como prohibición de contacto mutuo y de salida del país.
Boveri optó por no declarar, mientras Lanusse realizó un descargo verbal que planea ampliar por escrito, intentando presentarse como víctima. Paralelamente, se viralizó un audio sobre supuestas “Propo fest”, reuniones en las que anestésicos habrían sido usados con fines recreativos, y la fiscalía analiza otra línea vinculada a “viajes controlados”, experiencias pagas de relajación supervisada con estos fármacos.
La causa sigue centrada en la presunta sustracción de medicamentos legales de uso restringido, bajo la figura de administración fraudulenta, que contempla hasta seis años de prisión.
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