El Poder Ejecutivo extendió la emergencia del Sistema Penitenciario Federal por otros dos años, en un contexto de fuerte sobrecarga estructural que mantiene a las cárceles funcionando por encima de su capacidad.
La decisión fue oficializada en el Boletín Oficial y se basa en un dato central: el sistema penitenciario opera actualmente con una ocupación del 106%, lo que refleja que hay más personas detenidas que plazas disponibles.
De acuerdo con la Resolución 439/2026 del Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal aloja a 12.248 internos, mientras que su capacidad operativa máxima es de 10.932 plazas. Esto genera un excedente del 6% sobre la capacidad instalada, lo que explica el nivel de saturación del sistema.
El problema se agrava por la existencia de más de 5.000 personas detenidas en dependencias transitorias que aún esperan ser trasladadas a unidades federales. Esta “demanda contenida” evidencia la falta de cupos disponibles y la presión constante sobre la estructura penitenciaria.
En cuanto a la situación judicial, el informe oficial detalla que el 61,83% de los internos cuenta con condena firme, mientras que el 38,17% restante permanece bajo proceso sin sentencia definitiva.
El Gobierno también señaló como factor adicional la demora en el traspaso de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que obliga al sistema federal a alojar detenidos por causas que no corresponden estrictamente al fuero federal.
En total, casi 6.000 personas vinculadas a delitos de jurisdicción ordinaria porteña ocupan plazas del sistema federal, profundizando la sobrecarga y reduciendo la capacidad disponible para causas federales.
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