El debate por la regulación del lobby sumó nuevas objeciones en la Cámara de Diputados, donde hubo coincidencia en la importancia de una norma, pero distintas asociaciones civiles y entidades profesionales y empresariales rechazaron aspectos centrales del proyecto impulsado por el Gobierno.
Durante un plenario de comisiones, las críticas apuntaron principalmente al régimen sancionatorio y a la amplitud de la definición de “gestión de intereses”.
Alejandro Díaz, CEO de AmCham, advirtió que “un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados”, al desalentar la participación legítima en la elaboración de políticas públicas.
La iniciativa propone crear un registro obligatorio y digital para toda persona o entidad que busque influir en decisiones estatales.
También establece fuertes sanciones administrativas y penales, incluyendo multas elevadas, inhabilitaciones e incluso penas de prisión en determinados casos.
Desde organizaciones como Amnistía Internacional, ACIJ, CELS y Poder Ciudadano señalaron que el proyecto impacta directamente en el derecho a peticionar ante las autoridades. En un documento conjunto, alertaron que la redacción actual somete a “supervisión estatal permanente” prácticas habituales de la vida democrática.
Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, cuestionó que la norma meta “en la misma bolsa” a actores con roles muy distintos. “Si todos somos lobbistas, nadie lo es”, sostuvo, al ejemplificar que víctimas o familiares que reclaman cambios legales podrían quedar alcanzados por la ley.
En la misma línea, Alejandra García, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, afirmó que la regulación “tiene que servir para transparentar el ejercicio del poder, no para intimidar a quienes lo cuestionan”.
Aunque desde el oficialismo anticiparon posibles modificaciones —sobre todo en materia penal—, la oposición ya trabaja en dictámenes alternativos.
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