La autora:
Florencia Losio es abogada, feminista, trabajadora judicial, madre de 2 e integrante del Foro Argentino de Género, Justicia y Derechos.
El sistema de administración de justicia nacional en general y el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPFN) en particular, no escapan a la brecha de género en los espacios de decisión y mayor jerarquía.
La Opinión Consultiva CEDAW 40 de 2024, expresa la preocupación por la desigual participación de las mujeres en la esfera pública y política, convocando a los estados a tomar medidas activas para avanzar hacia una democracia paritaria.
El MPFN tiene representación en todo el territorio nacional, y según los datos aportados al mapa de género de la justicia argentina (1), en el año 2025, contaba con 6043 integrantes, 3133 mujeres, 2887 varones y 23 personas de otras identidades.
A simple vista presenta una conformación mayormente femenina, no obstante, al desagregar por cargos de mayor jerarquía (fiscalxs), temáticas (penal, penal juvenil y civil) y jurisdicciones, se observa una brecha de participación de un 70% varones y un 30% mujeres. Esta se profundiza en la estructura central -Procuración General de la Nación-, lugar de toma de decisiones de distribución de recursos, políticas organizacionales y política criminal y en las unidades fiscales temáticas.
Estos datos reflejan una segregación femenina en el sentido vertical y horizontal, replicando este último el clásico esquema de división sexual del trabajo.
Sin embargo, un dato que resulta más que relevante, es que el sector identificado como “funcionariado”, compuesto por secretaria/o y prosecretaria/o y el escalafón técnico administrativo, están conformados mayormente por mujeres.
¿Qué es lo que impide que las mujeres asciendan al escalafón superior? Techos de cristal, techos de cementos, pisos pegajosos, escaleras rotas, todas formas de nombrar las barreras estructurales que sufren las mujeres para acceder a lugares de más poder, más incidencia y más recursos.
Durante los años 2012 - 2017, la Dra. Alejandra Gils Carbó fue la primera y única mujer en ejercer el cargo de Procuradora General de la Nación. Desde su llegada el organismo impulsó una política de género para transversalizar esta perspectiva tanto al interior del organismo como en su accionar. Una de las acciones de la política fue la creación del Programa de Políticas de Género, que en el año 2015 con el auge del movimiento #Niunamenos y el dictado de una nueva ley orgánica del MPF - Ley 27.148-, fue jerarquizado a Dirección General de Políticas de Género (DGPG).
Entre las investigaciones y documentos de la DGPG, se destaca la encuesta (2) realizada en el año 2019, a partir de la que pudo saberse que las trabajadoras del MPFN cuidan más y sufren más la violencia y el acoso laboral que sus pares varones. También que están más formadas académicamente, aunque a pesar de ello se siguen sintiendo menos preparadas para ejercer el rol fiscal.
Otra información producida por la DGPG, da cuenta que las mujeres se postulan menos que los varones a los concursos para ser fiscalas/es, reproduciéndose la brecha del 30% mujeres y 70% varones, la cual en casos específicos se mueve en favor o en contra, según lo más o menos feminizado o masculinizado que se considere el área del derecho.
En el año 2023, el actual Procurador (i) Dr. Ezequiel Casal, dictó la resolución PGN N° 70, mediante la que amplía el plazo de inscripción en aquellos concursos donde no se acredite un mínimo de mujeres de un 30%. Agregó también que en caso de que el Tribunal Evaluador se encuentre compuesto por una sola vocal magistrada mujer, el sorteo de juristas invitados/as se realizará con una nómina conformada, exclusivamente, por mujeres.
Sin dudas no es una política suficiente para reducir la brecha, pero es un avance hacia un reconocimiento explícito de la desigualdad estructural y que esta se observa desde el momento mismo de la inscripción.
Sin embargo, es necesario continuar trabajando y visibilizando que pasa antes de las inscripciones. No es falta de mujeres ni falta de formación académica sino una red de obstáculos donde se juega el peso desigual de los cuidados, la violencia y el acoso laboral, los estereotipos de género y las actitudes patriarcales.
Hoy con los llamados a concursos N° 135 a 140 -donde se pretenden cubrir 17 cargos de fiscal/a, 15 fiscalas/es generales y 7 fiscalas/es de la Procuración-, se abre una oportunidad para achicar algunos puntos la brecha de representación.
Es un llamado a que, ante tanta desigualdad patriarcal, las mujeres fortalezcamos nuestras redes de apoyo, sigamos armando grupos de estudios, compartiendo experiencias, apoyándonos en los momentos difíciles, para hacer red, tejer tramas, tramar cosas.
No alcanza con ser mujer -lejos estamos de construcciones biologicistas-, pero sí tenemos mentoras que mostraron el camino. Sabemos que cuando Carmen Argibay estuvo en la CSJN, Alejandra Gils Carbo en el MPFN y Stella Maris Martínez en el MPDN, la vida de las/los justiciables y de las/los trabajadores judiciales, se acercaron un poquito más a eso que soñamos: justicia.
1- Desde 2011 la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) publica el mapa de género de la justicia argentina. El MPFN aporta información desde el año 2018. La información se puede consultar en https://om.csjn.gob.ar/mapagenero/consultaMapa/inicioProcNacion.html?queListar=&idJurisdiccion=&anioUltimaCarga=2025
2- Para más información se pueden consultar las publicaciones disponibles en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-genero/investigaciones/
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