Se trata de Juan Manuel Gestoso Presas que fue investigado por ordenar la destrucción de registros de nacimientos de bebés en el Hospital Militar de Salta durante la última dictadura.
Se trata de Carlos Maisonnave, imputado por el asesinato de dos militantes montoneros en 1977. El Tribunal penal consideró su edad avanzada y su estado de salud para otorgarle el beneficio.
Se trata de exmilitares que estaban alojados en el penal federal de Ezeiza y fueron enviados a una prisión en Campo de Mayo, en donde gozarán de mejores condiciones de detención.
Están acusados de ser partícipes necesarios de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra más de 300 víctimas en los campos de detención ilegal del centro castrense.
El ex policía que se refugió en Francia tras la caída del gobierno de facto, demandó a quienes lo denunciaron como parte del proceso represivo argentino y ahora deberá resarcirlos.
Tras un conflicto de competencias, la Cámara Federal porteña determinó que la magistrada federal investigue el caso ocurrido dentro del circuito represivo “ABO”, bajo el mando del militar Carlos Suárez Mason.
El pedido solicitado ante los tribunales orales que juzgaron a represores busca trasladar desde Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo a condenados como Astiz y Suárez Mason. Desde H.I.J.O.S. remarcaron que "el único lugar para quienes cometieron delitos de lesa humanidad es la cárcel común".
Los funcionarios señalaron con polémicas declaraciones que podría haber un "estudio individual, pero nada colectivo" en referencia a los represores presos por delitos de lesa humanidad.
Se señaló que actualmente existen 391 personas procesadas y 482 imputadas. Hay 34 prófugos.
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