El Presidente aseguró que el jefe de Gabinete “va a presentar los papeles antes del 31 de julio” y afirmó que “todo en regla”, en medio de tensiones internas y críticas políticas.
La medida fue solicitada por el juez Ariel Lijo y alcanza a movimientos impositivos y operaciones vinculadas a dos propiedades en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El pedido de Maximiliano Casasola se da cuando el Concejo Deliberante se aprestaba a definir posibles sanciones en una investigación interna ya avanzada.
Leandro Miano se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita en una causa que investiga el financiamiento y las condiciones de la operación inmobiliaria donde reside el jefe de Gabinete con nuevos detalles sobre el entramado empresarial y familiar detrás de la compra.
La Justicia investiga presunto enriquecimiento ilícito; el testigo afirmó que no hubo facturación y entregó pruebas de las obras realizadas, que incluyen una pileta y una cascada.
El tribunal confirmó que la investigación por presunto lavado vinculado a la campaña presidencial de 2019 no se trasladará a San Isidro. Sostuvo que se trata de expedientes distintos y con objetos procesales diferenciados.
La central obrera convocó a una movilización con respaldo de movimientos sociales, culturales y políticos. Anticipan una jornada “multitudinaria”, con reclamos económicos y advertencias sobre posibles nuevas protestas.
Por mayoría, los jueces dejaron sin efecto la decisión previa y devolvieron el expediente a la instancia anterior al advertir irregularidades en el trámite que comprometieron el principio acusatorio.
Por mayoría, la Cámara de la Seguridad Social ratificó una cautelar que obliga al organismo previsional a reanudar un pago mientras sigue el litigio de fondo.
Comentarios recientes