La búsqueda constante de memoria, verdad y justicia motivó la creación de un archivo que estará gestionado por inteligencia artificial y que reunirá todo lo tratado en los juicios de lesa humanidad.
En el juicio se probaron los operativos que consistían en arrojar vivos y drogados al mar a detenidos-desaparecidos que estaban en centros clandestinos, como en la exESMA o en Campo de Mayo.
Se eligieron a los integrantes de las salas que juzgarán un eventual jury a las autoridades porteñas y a los integrantes del Poder Judicial de la C.A.B.A. Hace poco tiempo, se pidió un jury y fue rechazado. ¿Cuál fue?
La jueza Marra Giménez otorgó la medida cauletar y suspendió la aplicación del artículo 4 de la ley 6452 de la Ciudad de Buenos Aires que creó como nueva instancia al TSJ sobre la Justicia Nacional.
Así se produjo el primer rechazo a la ley 402 que aprobó la Legislatura porteña que creaba una nueva instancia judicial en la ciudad dándole más poder al TSJ sobre la Justicia Nacional lo que generó una lluvia de amparos de asociaciones de jueces y abogados.
La Asociación de Magistrados manifestó que tiene la "obligación" de acudir al sistema interamericano porque la ley “convertirá al sistema de justicia de la Capital Federal en un pandemónium de litigios derivados de la aplicación de esta ley local, ajenos a la solución jurisdiccional de los verdaderos conflictos centrales en cada caso”.
Con 55 votos hoy se aprobó la heramienta oral que ya se utiliza en otras provincias con un jurado popular que da su veredicto. Será obligatorio para juzgar delitos graves como homicidios dolosos y violaciones.
El CPACF, los jueces nacionales y el gremio salieron al cruce de la intención de la Legislatura porteña de aprobar un proyecto de ley que para que el TSJ C.A.B.A. intervenga sobre la Justicia Nacional creando otra instancia de apelación antes de la Corte Suprema.
El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo de Larreta a la Legislatura porteña le daría al TSJ de la Ciudad más poder para decidir en causas de índole nacional. Se abrió la polémica con la oposición que habló de "control jurídico-político".
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